Las cifras llaman a la alarma. No es para menos. La coyuntura económica por la que atraviesa Venezuela es compleja y de alto riesgo, pero no puede explicarse por la simple caída de los precios del petróleo; en su transfondo reposan muchos más elementos. ¿Tendrá capacidad el actual Gobierno para recuperar su conducción?
Para propios y extraños cada día la alarma es mayor: la economía venezolana, pese a sus inmensos ingresos, está en picada. Luego de tres años de estabilidad en torno a los 100 dólares por barril, en el segundo semestre de 2014 los precios del petróleo se desplomaron en más del 50 por ciento. Lo más probable es que permanezcan por debajo de los 60 dólares en 2015, aunque se espera cierta recuperación en el segundo semestre del año, impulsado por el nivel mínimo que requieren los nuevos petróleos de esquistos para ser rentables. Un precio WTI menor a 60 dólares por barril, hace inviable su explotación por los altos costos que demandan los yacimientos no convencionales.
En este contexto, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2014 no puede ser atribuida exclusivamente al descalabro de los precios del petróleo. En los tres primeros trimestres el PIB registró bajas consecutivas, a pesar de que en el primer semestre los precios del crudo oscilaron alrededor de los 100 dólares por barril. En el primer trimestre el PIB cayó -4,8 por ciento, en el segundo tuvo otra caída de -4,9% y en el tercero retrocedió -2,3% (1). En todo caso, la baja de los ingresos petroleros a partir del segundo semestre de 2014 vendría a ser un catalizador de la contracción económica iniciada a comienzos del año.
La proyección económica del Gobierno quedó plasmada en el Presupuesto 2015, en el cual estima un crecimiento del PIB de 3 por ciento y una inflación entre 25-30 por ciento, afirmando que el tipo de cambio se mantendrá en 6,30 bolívares por dolar. Por su parte los organismos internacionales pronostican para este país menor producción y más inflación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída de -1 por ciento del PIB y una inflación de 62,9 por ciento; la Cepal estima una baja del PIB entre 0,5-1 (2).
La política económica
En lugar de corregir las distorsiones fiscales monetarias, cambiarias y de precios, la política económica en 2014 fue de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de controles, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales.
El Gobierno lanzó una ofensiva a través de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre del año 2013, con el fin de erradicar la corrupción y derrotar la guerra económica a través de nuevas regulaciones y controles sobre la economía. La acción más emblemática fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). Pero a pesar de toda la expectativa y despliegue generado, después de más de un año tales medidas no pudieron contener la inflación, escasez, acaparamiento y especulación. Por el contrario la situación emporó y la inflación subió de 56,3 por ciento en 2013 a 68 en 2014.
La razón de este resultado está en que el Gobierno confundió especulación con inflación y –al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que exacerban la presión alcista sobre los precios–, atacó el problema como si de un delito se tratara, cuando la inflación en realidad es un fenómeno económico causado por las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que aún no han sido corregidas.
El desequilibrio fiscal
A lo largo de 2014, la política económica se propuso estimular el ritmo de actividad por medio de la expansión fiscal. Esto generó un déficit en torno a 18,0 por ciento del PIB, financiado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de la impresión de dinero sin respaldo. Un 7 por ciento de este déficit fiscal lo causa el desequilibrio del gobierno central, mientras que el 11 por ciento responde a los problemas financieros de Pdvsa, perjudicada al verse obligada a vender la mayor proporción de sus divisas a una tasa de cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar.
En efecto, la cantidad de bolívares que Pdvsa recibe a tasa de cambio tan baja no le rinde para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y contratistas, transferir fondos a las misiones sociales, ni mantener al día sus obligaciones fiscales, razón por la cual entrega pagarés al Tesoro Nacional que luego éste intercambia por efectivo en el BCV, propiciando así un desproporcionado crecimiento de la liquidez monetaria en un mercado con creciente escasez. Esto atiza la inflación, eleva la demanda de divisas escasas y ensancha cada vez más la brecha entre la tasa oficial y el paralelo.
En lugar de ahorrar en tiempos de bonanza para encarar los tiempos de escasez, el Gobierno mantuvo una política fiscal pro-cíclica con aumentos del gasto público cada vez que aumenta el ingreso petrolero y recortes presupuestarios cuando cae el ingreso. El mandato constitucional de activar el Fondo de Estabilización Macroeconómica –concebido para estabilizar los gastos del Estado ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios–, sigue sin cumplirse. En ausencia de este mecanismo amortiguador, la economía venezolana sigue expuesta a los shocks externos presentados debido al comportamiento errático del mercado petrolero.
El desequilibrio monetario
A pesar de que el artículo 320 de la Constitución señala que “El BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor financia a Pdvsa. Según datos oficiales, hasta noviembre de 2014 el BCV ha transferido a la compañía petrolera 664.000 millones de bolívares (3), sin que haya aumentado la producción en la misma proporción. Esta política de expansión monetaria, lejos de estimular la economía generó una mayor presión sobre los precios, apreciación del tipo de cambio real y agotamiento de las reservas internacionales.
La inyección de dinero sin respaldo en el contexto de una economía con altos índices de escasez, no hace más que erosionar el poder de compra de la moneda nacional. Adicionalmente, la relación entre tasas activas y pasivas fijadas por el BCV no contribuye a contener las presiones de demanda que generan inflación. Las tasas de interés vigentes son negativas, no compensan la inflación, penalizan el ahorro e incentivan el consumo, atizando aún más la inflación.
El desequilibrio cambiario
Cuando el 95 por ciento del ingreso en divisas proviene de una renta internacional –y no de exportar bienes con valor agregado nacional– encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad de la economía real no es una tarea fácil. El Estado-propietario recibe un considerable ingreso en divisas que no tiene una contrapartida en el esfuerzo productivo interno, por lo que su venta suele hacerse a una tasa de cambio fijada de manera unilateral por parte del Gobierno, sin tener en cuenta la productividad real del aparato productivo. Así, un abundante ingreso rentístico tiende a sobrevaluar la moneda nacional, transformado y concretado a su vez en una tasa oficial barata que solo se modificará en situaciones de escasez de divisas y déficit fiscal.
Es así como el anclaje cambiario y la sobrevaluación del bolívar terminaron como un costoso subsidio que ya no soporta ni Pdvsa ni el fisco. El régimen de cambios múltiples está muy distorsionado. La existencia de cuatro tasas de cambio, tres oficiales y una paralela, exacerban la especulación cambiaria y la fuga de capitales. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las empresas fantasmas o de maletín, todas estas realidades son estimuladas por la enorme brecha existente entre las diferentes tasas de cambio.
El dólar en el mercado paralelo rompió la barrera psicológica de los 200 bolívares, mientras que la tasa de cambio oficial que rige para la mayoría de la divisas es de solo 6,30 bolívares por dolar. En otras palabras, la tasa oficial es 27 veces más barata que la tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) y 31 veces menos que la cotización del dólar paralelo. Esto es un verdadero manjar para los cazadores de renta que –en complicidad con funcionarios corruptos– controlan y capturan buena parte de la asignación de las divisas oficiales. Estos fraudes impiden que el subsidio cambiario se traslade plenamente al precio de venta al público, al impedir que la totalidad de los dólares preferenciales se traduzca en una mayor oferta a precios solidarios para el trabajador.
Auge inflacionario y caotización de los precios
Lejos de lograr un aumento en el PIB, las políticas fiscales deficitarias lo que han hecho es atizar cada vez más la inflación con indicadores del 56.3 por ciento en 2013 y 68 por ciento en 2014, inercia que amenaza con deteriorar aún más los salarios reales.
Este auge inflacionario es la inevitable consecuencia del desmantelamiento del aparato productivo interno y de una política fiscal deficitaria financiada con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV. Al subestimar el impacto que la expansión monetaria origina en una economía signada por crecientes índices de escasez, los precios están desquiciados.
De esta manera, al prolongar las distorsiones del régimen de cambios múltiple, los controles de precios y los ineficientes subsidios, el propio gobierno facilita los ataques de los especuladores, contrabandistas y corruptos que lo quieren derrocar. Mientras el ente oficial no corte por lo sano y corrija estas distorsiones, se mantendrán las causas que desestimulan la producción y generan desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación.
La economía al mando
El presidente Nicolás Maduro anunció que en 2015 le dará prioridad a la atención del área económica (4). Ahora la economía ha pasado a ser la restricción que no era en los tiempos de bonaza petrolera. En la ecuación el dato ahora es la economía y la variable por ajustar es la política.
Precios del petróleo relativamente bajos dominarán la escena económica durante 2015. La disminución de los ingresos fiscales y la propensión a financiarlo con emisiones de dinero inorgánico, reservas internacionales muy por debajo del nivel óptimo, brecha cambiara que estimula la especulación y la corrupción, el peso de los pagos de la deuda externa, la “caotización” del sistema de precios relativos, la debilidad del aparato productivo por más de una década de importaciones subsidiadas y por los rígidos controles de precios, definitivamente son los grandes retos que en el 2015 tendrá que encarar el actual Gobierno.
1 http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf
3 http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp
*Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM); Premio Nacional de Ciencias 2013.
