Seguir soñando y alcanzar una sociedad con mayor justicia social
Por Lisette Vergara* y Axel Abarzúa**
La contundente derrota sufrida el pasado 4 de septiembre, nos debe invitar a reflexionar del porqué de la derrota y los escenarios que se abren donde la clase política tendrá la responsabilidad de continuar con el proceso constitucional abierto el 25 de octubre del 2020 con el plebiscito de entrada y su significativo 80–20. No podemos negar la frustración de la derrota y tampoco podemos olvidar a las 4.860.093 de personas que confiaron y creyeron en que otro Chile era posible.
Como forma de recoger las demandas sociales irresolutas en estos últimos 30 años por la clase política es que la propuesta constitucional buscó dar respuestas a problemáticas que requerían y requieren de una solución lo más pronta posible como el derecho al agua y al saneamiento, contrario a los actuales derechos de aprovechamiento de agua, una descentralización real en Chile donde las decisiones no sean tomadas principalmente en Santiago o una democracia efectiva, para que la participación no se limitara al sufragio; y es quizás una de las mayores virtudes de la propuesta constitucional, el declarar a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, que sentaba las bases para dejar atrás al actual Estado Subsidiario heredado de la dictadura cívico-militar.
Es por esto y considerando el arduo año de trabajo de la Convención Constitucional, frustra ver que el único legado concreto que dejó este proceso, fue la reducción del quorum para realizar reformas a la Constitución vigente, pasando de los 2/3 a los 4/7. Cabe recordar que esta reforma a la Constitución fue aprobada en su última votación en el Senado el pasado 10 de agosto, y pese a esta reforma, los demás quorum se mantienen, así como el proceso legislativo, tal como lo conocíamos y cuestionábamos.
Esta reforma a la Constitución buscó dar impulso y credibilidad a la idea política de rechazar para reformar, que acompañado de interpretaciones de mala fe y a la divulgación de noticias falsas sobre la propuesta constitucional, buscaron mostrar una tercera vía donde esa misma clase política deslegitimada desde el 18 de octubre, recogería las demandas sociales en un nuevo proceso apadrinado por los partidos políticos; que sumado a los recursos que obtuvo el rechazo concentrando el 79,3% de los aportes, es decir, $1.572.463.183 traduciéndose en una posibilidad de despliegue en los territorios, con mayor material disponible y sobretodo, con una mayor capacidad para adquirir publicidad en la prensa escrita y tiempo radial; que acompañado a la complicidad de la editorial de medios de comunicación, en la cual participan los grupos económicos, fueron clave al momento de definir el resultado del plebiscito de salida. Por su parte, desde el apruebo, con el 20,7% de los aportes, logró sacar adelante una campaña informativa ya sea por las miles de personas anónimas y no tan anónimas que buscaron dar a conocer la propuesta constitucional por su propios medios, o también la franja televisiva y la no menos importante, campaña denominada como “2 Millones de Casas por el Apruebo”, pero sin duda la más significativa de todas fueron los llamados apruebazos que se levantaron en todas las regiones del país, convocando alrededor de 500.000 personas en la Región Metropolitana el pasado 1 de septiembre.
Por ello, el contundente rechazo a la propuesta de nueva Constitución, fue tan categórico como inesperado. No solamente por la marcada diferencia porcentual que desde el segundo cómputo nacional resonaba como la opción que se impondría hasta el término del escrutinio, sino que adicionalmente porque la opción del rechazo se impuso en 338 comunas de las 346 existentes en todo el país, donde comunas como La Pintana, Cabildo, Petorca o incluso Chañaral, colocaron freno a una posibilidad real de generar cambios, donde los derechos básicos como el acceso al agua o a la salud, estaban garantizadas constitucionalmente. Lamentablemente, primaron las noticias falsas y no, no culpamos acá a esas noticias en sí, sino que nos cuestionamos a partir de los motivos que llevaron a la ciudadanía a creer en ellas. Donde fue más importante el miedo a perder la vivienda propia (pese a no ser propietario, pero aspirar a serlo), que obtener el derecho a una vivienda digna.
Lo anterior nos hace reflexionar, y vislumbra la posibilidad de que la lectura que hicimos a raíz del Estallido Social, su descontento y energía, no fueron producto del anhelo por cambiar el modelo en el cual estamos insertos, sino tal vez, fue la manifestación del deseo a ser incluido en dicho modelo; y decimos tal vez porque reconocemos que el análisis debe ser más arduo y con la mente fría.
¿Cuántos chilenos y chilenas leyeron realmente la propuesta constitucional y cuántos de ellos dijeron que ello no era lo que necesitaba el país? ¿Y cuántos de quienes votaron rechazo, votaron por esa opción exclusivamente por lo que consumían de los medios masivos de comunicación?
Pero sin duda, y a fin de cuentas, el 4 de septiembre marca un antes y un después en las opciones que aparecerán en nuestro destino como país en los próximos años. Porque no debemos olvidar que se rechazó la propuesta normativa creada por la Convención Constitucional, redactada en un plazo tragicómico, y que tras los resultados del plebiscito se debe cumplir lo señalado en el último inciso del artículo 142°, donde se estipula que en caso de ganar la opción rechazo, seguirá vigente la actual Constitución política de la República de Chile; hasta un momento indeterminado.
Entonces ahora volvemos a las viejas lógicas herederas de la política de los acuerdos de la transición donde reinará la inconstitucionalidad, pese a un 80–20 que nos precede; dando comienzo al juego de los escenarios posibles, en que se le otorga al Congreso un rol central en la posible continuación del proceso constituyente teniendo que resolver entre reformar la actual Constitución, redactar una nueva Constitución o redactarla por medio de un Comité de Expertos (lo que sería irónico tras lo acaecido con el aumento de los $30 del transporte público que hizo estallar transversalmente el descontento acumulado en el 2019), o convocando una nueva Convención Constitucional con reglas que no pongan en riesgo sus privilegios o, finalmente llamando por segunda vez a un plebiscito de entrada, desconociendo el 80-20 del plebiscito de octubre del 2020. En definitiva, una total incertidumbre política, social y económica.
No obstante lo anterior, teniendo en consideración la decisión que representa a 7.882.958 personas que dejaron de manifiesto su opción de rechazar el texto propuesto por la convención, y por tanto, optaron por la propuesta de “rechazar para reformar”, y en ese caso lo más lógico sería comenzar lo antes posible la discusión sobre las reformas constitucionales necesarias para concretar lo aprendido del proceso constitucional, donde la clase política haga propios elementos centrales de la propuesta de nueva constitución, de la misma forma en que la derecha lo hizo con sus “10 compromisos para una nueva Constitución” que contenía tanto al Estado social y democrático de derecho, la descentralización o la participación, por la que no pueden hacer oídos sordos a ello, pero cabe preguntarse ¿Cuál es el verdadero camino que tiene la implementación de un Estado social y democrático de derecho bajo las lógicas y pilares de la actual Constitución? Lamentablemente sabemos que ninguno.
Por otro lado, algo que ya debiésemos tener claro es que el sector conservador solo está dispuesto a efectuar cambios cuando sus intereses y privilegios se ven amenazados, como fue el caso del acuerdo para lograr reducir el quorum de reforma a la Constitución a 4/7, en que principalmente fue una señal como señalábamos antes, para mostrar viabilidad al rechazo que se tradujo en esa tercera vía de “rechazar para reformar”. Es por esto, que hay que tener presente que de cumplirse el compromiso de reformar la constitución no será precisamente con una sonrisa por parte de ellos, ya que habrán diversas posturas dentro de ese sector, y en ambas cámaras, que concluirán muy probablemente en la dilatación de un proceso que comenzó el 25 de octubre del 2020, y no podemos aceptar aquello.
Y con mayor razón, no podemos olvidar a las 4.860.093 de personas que confiaron y creyeron en que otro Chile era posible, teniendo como principales herramientas la educación popular desde los territorios, la organización desinteresada y el aprendizaje mutuo entre pares de distintas regiones y edades, que tenían como motor la esperanza y un Chile mejor como horizonte. Nos faltó llegar a más casas, tener más tiempo para escuchar y dialogar, y bueno… ser dueños de grandes medios de comunicación. Pero pese a todo eso, no olvidaremos las experiencias, los aprendizajes, ni el sentido de comunidad construido.
En algún momento se dimensionará la oportunidad históricoa de lo que pudo ser, pero esto no nos debe desmoralizar a seguir soñando y alcanzar una sociedad con mayor justicia social.
*ExConvencional Constituyente por el Distrito 6. Licenciada en Educación y Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Correo electrónico: vergaralisette720@outlook.com
**ExAsesor Constituyente. Licenciado en Historia, mención en historia del tiempo presente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: ax.abarzua@gmail.com
