Decálogo de gobierno y compromisos del Pacto Histórico
El plan de gobierno del Pacto Histórico, por su contenido manifiesto, es claramente reformista y modernizador, identificado con las corrientes progresistas o neodesarrollistas. El cambio propuesto no es disruptivo ni revolucionario, se inscribe en las clásicas tesis de la socialdemocracia, esto es, mucho Lasalle (1825-1864, filósofo y político iniciador del movimiento socialdemócrata en Alemania) y poco Marx (1818-1883; padre del socialismo científico, comunismo moderno, humanismo radical y materialismo histórico).
Muestra de ello es lo expresado por el presidente Gustavo Petro ante la Andi durante la celebración del 7º Congreso Empresarial Colombiano, el pasado 12 de agosto: “Este país no se llamará socialista porque tiene Estado y mercado”. También lo afirmó al asumir la presidencia el 7 de agosto: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”.
Tesis que reedita, anacrónicamente, las teorías “comunistas” internacionales de las décadas de 1930 a 1950 y sus conclusiones políticas: el desarrollo es por etapas secuenciales, la estructura mundial del desarrollo capitalista es secundaria, el centro debe ser el Estado, la prioridad en la agenda político-económica (e implícitamente “progresista) es el desarrollo del capital nacional; en consecuencia, los partidos de izquierda deben entrar en alianzas políticas con la burguesía con el fin de promover el desarrollo capitalista nacional.
Concepción que a su vez prolonga el proyecto nacionalista que abanderó el M-19 en los años 1970-80, organización en la que militó en su juventud el hoy jefe de Estado, y que son el soporte del decálogo de compromisos que prometió cumplir en su discurso de posesión como Presidente, cuyos propósitos se articulan en las cuatro dimensiones del plan de gobierno del Pacto Histórico (2022-2026), desglosados en el diagrama “Decálogo de compromisos”.
Viabilidad del decálogo y retos que deben enfrentar la sociedad y el Estado. Existe un interés general por evaluar el efecto de los gastos públicos y otras decisiones de política económica del gobierno sobre la magnitud y la composición del PIB, el régimen tributario, la eficiencia en la asignación de sus recursos y la distribución de su ingreso e impacto en términos de equidad, reducción de la pobreza, generación de empleo y crecimiento económico sostenible. La opinión pública se focaliza en las consecuencias de las decisiones políticas tomadas en función del bien público –todo bien o servicio provisto de facto o subsidiado por el presupuesto gubernamental–, en términos de eficiencia y equidad.
Ingreso y justicia distributiva. El bienestar económico de una sociedad puede ser medido aproximadamente por su ingreso per cápita. En el período 1950-2022 el país experimentó un aumento de su población de 4,6 veces y de 17,3 durante el mismo lapso del valor del conjunto de los bienes y servicios producidos (PIB); en consecuencia, el PIB per cápita se multiplicó por 3,8 veces.
Una dinámica en la que, en valores constantes, el valor monetario de la producción anual de bienes y servicios por persona pasó de 4,5 millones en 1950 a 17,0 millones en 2022, crecimiento concentrado en un pequeño grupo privilegiado. Es así como la iniquidad en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de desigualdad Gini registra una tendencia negativa en términos de justicia social con tres periodos de mayor concentración e inequidad: entre el año 1950 y mediados de la década de 1970; entre la última década del siglo XX y primera del siglo actual, en pleno auge del modelo neoliberal; y, en tiempos de la pandemia y la postpandemia: 2019-2022, en el que fueron nítidas las consecuencias de las disparidades económicas que volvieron aún más vulnerables a las poblaciones con pocos recursos, expandiendo así la brecha de desigualdad y de profundización de condiciones infrahumanas (gráfico 1).
El ingreso per cápita de 2022 es superior 3,8 veces respecto al valor establecido de la Línea de pobreza y 7,6 más que la Línea de pobreza extrema o indigencia, lo que confirma que la situación de pobreza que afecta al 40 por ciento de los connacionales es consecuencia de problemas de desigualdad en la distribución y no a escases de recursos. Una realidad que pretende remediar, parcialmente el gobierno, mediante la reforma tributaria y con la que busca recaudar $25,9 billones en 2023 (2,1% del PIB). Según el Presidente Petro: “[…] esto es una contribución que nosotros tenemos que hacer a la paz social de Colombia”.
De acuerdo con el proyecto oficial, la carga tributaria recaerá sobre las personas de ingresos superiores, se impondrá tributo a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, se eliminan las exenciones y beneficios fiscales que favorecen a las grandes empresas. La reforma estará acompañada de un segundo proyecto que contiene normas centradas en combatir la evasión y elusión fiscal, la cual buscará llegar a la meta de recaudo propuesta inicialmente de los $50 billones. En particular, los ingresos adicionales se derivarán de cambios en los impuestos para personas físicas (32%), impuestos sobre exportaciones de productos básicos (27%), impuestos corporativos (23%), cargos ambientales y de salud pública (10%) y el resto (8 %) de otros cargos.
Pese a lo anunciado por medios, el proyecto no constituye una reforma estructural y tampoco es disruptiva de la estructura social mediante la transformación de las desigualdades o de la carga impositiva y la contribución de los hogares y las empresas al financiamiento de la hacienda pública. Y sí es una medida transitoria en procura de recursos para financiar el inmenso déficit fiscal heredado, mantener la política asistencial de transferencia de ingresos a los hogares más pobres y modificar el patrón de consumo mediante el alza de impuestos a los comestibles ultra procesados y altos en grasas y azúcares.
En esas circunstancias y más allá de las expectativas creadas, la reforma propuesta no pretende modificar el modelo de desarrollo ni pretende afectar el proceso de incrementar la utilización y mejorar la productividad de los recursos disponibles, proceso que estimula el crecimiento del ingreso per cápita y que tiene como resultado un aumento en el bienestar económico de la comunidad y la generación de empleo digno. Las políticas impositivas deberían, siempre que fuera posible, estar diseñadas para estimular la producción sostenible y la equidad social. En la presentación oficial del proyecto de reforma tributaria del gobierno ante las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, el ministro de Hacienda afirmó que el proyecto no va contra la iniciativa empresarial privada: “Este es un proyecto para la equidad y no es un proyecto contra la empresa privada. Podemos discutir qué normas habría que moderar, pero no es contra la inversión, la actividad económica ni contra el empleo”.
No obstante, la política fiscal del gobierno de Gustavo Petro sigue sin resolver un problema crónico de la hacienda pública nacional: los impuestos y gastos tienen un efecto redistributivo marginal o insignificante. Cuatro factores explican este blindaje de la desigualdad: i) los impuestos directos (sobre rentas) que es progresivo solo baja el índice de Gini en un punto, mientras el IVA que es regresivo lo sube en la misma proporción; ii) las transferencias y subsidios que garantiza el Estado llegan fundamentalmente a los más ricos: el gasto en subsidios sociales se realiza a través de 65 programas, en promedio, los quintiles 4 y 5 se quedan con el 39 por ciento del total de tal gasto social; según la focalización de estos subsidios por clase social por hogar, los pobres extremos reciben sólo 8,4 por ciento del total; iii) Las exenciones del estatuto tributario que favorecen a las personas más ricas y a las grandes empresas son altas y variadas, la evasión y la elusión de impuestos es una práctica generalizada entre quienes concentran el capital, los que tributan son unos pocos y con esos ingresos no se alcanza a tapar el hueco fiscal, neutralizar la mala asignación de subsidios o reducir las desigualdades en la distribución del ingreso; iv) la ineficiencia del Estado en su gasto, esto es, el dinero recaudado no llega a quienes debería llegar, bien por burocracia, despilfarro, corporativismo, clientelismo y/o por corrupción.
Pero, sin reparar en todo ello, a pesar de ser temas importantes, el afán es de caja, de apagar incendios: “El déficit fiscal proyectado para el 2022 es del 5,6 por ciento, pero si sumamos el déficit que hay en el fondo de los precios de los combustibles (el déficit es de $30 billones), realmente heredamos un déficit del 8 por ciento de la anterior administración”, explicó el Ministro de Hacienda durante la 56° Convención Bancaria en Cartagena.
De esta manera, se prolonga la constante histórica del país en la que es depuesto el potencial de la política fiscal para hacer una contribución significativa al desarrollo y la igualdad, determinado ello por el poder de las clases ricas y de grupos de poder sobre los gobiernos, por los obstáculos institucionales al desarrollo, por la tendencia permanente de grupos o sectores a defender a toda costa sus intereses y derechos, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros.
Inflación y precio del dinero. Dos de las más preocupantes cifras económicas que hereda la entrante administración son, indudablemente, la inflación –10,21 por ciento anual– y las altas tasas de interés –9 por ciento– debido a la subida del índice de precios al consumidor (gráfico 2).
El panorama económico nacional atraviesa, por tanto, un momento complicado. Los cambios de precios redistribuyen por sí mismos el ingreso: por cada consumidor que paga más, un productor recibe más y viceversa. Al final, la inflación se convierte en un impuesto que pagan los más pobres, a la vez que los empresarios y el Estado aumentan sus márgenes de ganancia e ingresos.
El examen del comportamiento de la inflación desde 1950 permite afirmar que el país ha estado transitando hacia niveles crecientes. Según el Dane, el índice de precios al consumidor (IPC) de julio de 2022 superó los dos dígitos –10,21 por ciento–, el nivel más alto registrado desde 1999 y oficialmente por encima del aumento del salario mínimo en enero. Es decir, un deterioro notable de la capacidad adquisitiva de millones de hogares y, por ende, un aumento perverso en los niveles de pobreza, una realidad no considerada por el proyecto de reforma radicado el 8 de agosto.
La actual disparada de los precios va jalonada por los alimentos básicos y bebidas no alcohólicas –cuya variación anual ha sido de 24,61 por ciento–. Es una inflación con mayor impacto sobre los más desfavorecidos. De hecho, hace ya varios meses los hogares clasificados como pobres y vulnerables sufren una inflación superior al 10 por ciento. En el informe de julio el IPC para estos connacionales pobres y vulnerables alcanzó el 11,74 por ciento. El equipo económico que recibió esta cartera tiene el reto de diseñar e implementar una estrategia para combatir la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.
El alza continua en las tasas de interés es otro de los temas que más preocupa actualmente a los empresarios, gobierno y hogares. Consecuente con su matriz ideológica, el Banco de la República responde al fenómeno inflacionario elevando las tasas de interés, lo que genera un efecto adverso en las empresas, el Estado y los hogares en términos del alza en los costos de sus deudas.
La tasa de interés desempeña una importante función de asignar los recursos prestables –ahorro financiero– y por esa vía en balancear las necesidades de ahorro financiero e inversión. Sin embargo, las tasas de interés especulativas generan extraordinarias ganancias a los propietarios del capital financiero. De acuerdo con el último informe del sistema de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), al cierre de mayo de 2022 las utilidades de los bancos sumaron $7,6 billones, una cifra que representa un aumento de 90 por ciento frente al mismo mes del año pasado. En paralelo, la influencia política y social de los grandes propietarios les permite apropiarse de la mayor parte del crédito subsidiado.
Además, la inflación es una fuente de ingresos del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que la política fiscal tiene fuertes rigideces tanto en la flexibilidad del gasto como en las dificultades de procurar nuevos ingresos. El déficit fiscal es una de las principales causas de la inflación y del endeudamiento público.
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Esta es la segunda parte del artículo “Colombia: sociedad, poder y desarrollo 2022-2026. Luciérnagas neodesarrollistas”. Apoye el periodismo independiente. Suscríbase a Le Monde Diplomatique. Edición Colombia. El Dipló, una voz clara en medio del ruido.
