Deuda y balance fiscal. El gobierno progresista hereda un déficit fiscal de poco más de 8 por ciento del PIB, esto es, $94,2 billones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, los registros de la Contraloría General de la República muestran que al cierre de 2021 la deuda total del sector público contabilizó $874,9 billones, correspondiente al 74,3 por ciento del PIB. El déficit fiscal y la deuda pública, en conjunto, dificultan aún más concretar los ejes y promesas en sus 4 años de gestión: las dos suman $969,1 billones, equivalentes al 82,3 por ciento del PIB (gráfico 3).
En consecuencia, si se quisiera cancelar la deuda externa y cerrar el déficit fiscal se requerirían 37,4 reformas tributarias de un alcance similar en recaudo al proyecto presentado. Algo imposible. Por tanto, el déficit fiscal y la deuda pública están incorporadas estructural y crónicamente al funcionamiento de las economías periféricas en el sistema mundo capitalista.
La política fiscal consiste en el manejo concreto de las políticas de recaudo de ingresos y de gasto público para el logro de los objetivos perseguidos con la intervención estatal. Las funciones fiscales básicas se dividen en tres grandes grupos: la provisión de bienes y servicios, la distribución del ingreso y la estabilización macroeconómica. A su vez, los ingresos del Estado se dividen en de capital y corrientes, y provienen de la imposición de gravámenes a los ciudadanos, el cobro de los servicios públicos y las ventas de bienes y servicios producidos por empresas públicas. Una política impositiva que no siempre garantiza los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos del Estado; se requiere, entonces, acudir a otras fuentes de financiamiento, llamadas de “capital” para cubrir el faltante, entre las que destaca el endeudamiento, que puede ser obtenido bien con entidades financieras del exterior o domésticas.
Como cualquier otro agente económico, el Estado debe cumplir con sus deudas en algún momento del futuro (incluyendo los intereses a la que es contraída), y no pueden ser cubiertas contratando al infinito nuevas deudas. En consecuencia, llega el momento en que los recursos corrientes deberán ser incrementados para cubrir los compromisos crediticios adquiridos en el pasado.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) encontró al inicio de su gestión un déficit fiscal de 3,1 por ciento del PIB, y lo entregó en el 8 por ciento (el más alto en la historia del país). A su vez, la deuda bruta del Spnf como porcentaje del PIB estaba en 57,5 en 2018 y al concluir quedó en 74,3 por ciento. La burocracia también aumentó aceleradamente: según el Sistema de Información Estratégica en el año 2018 el total de servidores públicos sumaba 1.198.834 y al terminar el mandato Duque el número de empleados públicos se había elevado a 1.351.835 –un crecimiento relativo del 12,8 por ciento. Esta situación implica que el Presupuesto General de la Nación (PGN) tenga que asignar el 21,5 por ciento del total de recursos al servicio de la deuda pública (pago de intereses y amortización de la deuda); además, de los $350,4 billones del valor aforado del PGN de 2022 (27,9% de PIB), el 59,7 por ciento se destinó a costear el funcionamiento del Estado; solo el 18,8 quedó para inversión.
Cuanto más grande es la proporción de inversión en el PIB, más alta es la tasa de crecimiento de la capacidad productiva. Para acelerar la producción y la generación de empleo, es necesario incrementar la inversión en el PIB. Los recursos totales disponibles en un país para financiar la inversión interior son iguales a la suma del ahorro nacional más de las entradas netas de capital o inversión extranjera directa (IED).
La “paz total”. La tasa de homicidios por cien mil habitantes alcanzó en el país un máximo de 81,2 en 1990, después descendió hasta 24,5 en 2017 y a partir de este año vuelve a retomar la senda alcista alcanzando en 2022 la cifra de 30,6 (gráfico 4).
Se tiende a creer que la violencia es el último recurso del poder, no obstante la teórica política Hanna Arendt (1906-1975) llegó a la conclusión que el poder nunca puede fundarse en la violencia, pues las dos cosas son incompatibles. Sobre esta premisa, el primer punto del decálogo de los compromisos del nuevo gobierno tiene que ver con la paz, “verdadera y definitiva”, o como ya la han denominado desde el Pacto Histórico, la “paz total”. Petro se comprometió no solo con avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz Estado-Farc, sino con acatar las recomendaciones del Informe Final que entregó en junio 28 la Comisión de la Verdad. “La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz”, mencionó en su discurso de posesión el 7 de agosto.
Su plan para lograr una paz completa y no parcial, como según el gobierno ocurrió con todos los procesos de paz adelantados hasta hoy, pasa por retomar las negociaciones que el expresidente Duque dejó de lado con el Eln, iniciar conversaciones con las disidencias de las Farc, someter a los grupos armados ilegales mediante ciertas reformas, tranquilizar al estamento militar e integrar los diálogos regionales al Plan de Desarrollo. Adicionalmente, según dejó claro en su discurso del 7 de agosto, para alcanzar la paz completa es necesario un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas: “Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, […] la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”.
Para el período 1985-2022 el conflicto armado deja una suma acumulada y parcial de un poco más de 9,5 millones de víctimas, según el Registro Único de Víctimas (RUV). El Estado colombiano dedica anualmente el 18 por ciento del presupuesto de gasto o de la Ley de apropiaciones del PGN al control, regulación y confrontación del conflicto social, como también a la financiación de los programas de reparación de víctimas. Es así como el gasto en defensa es similar a los montos de los presupuestos dedicados a la educación o la salud; entre las razones para este patrón de gastos económicamente derrochador, creciente en la historia del PGN, se incluye el uso de las fuerzas militares para reprimir a la oposición política. De las distintas categorías de “consumo público” la que puede reducirse en Colombia, sin dificultar su desarrollo, es el gasto en defensa. El logro de la paz, “verdadera y definitiva” contribuye significativamente a este loable y productivo propósito de reestructuración de las finanzas públicas.
Con este objetivo, el nuevo gobierno radicó el pasado 30 de agosto un proyecto de ley ante el Congreso para que la llamada ley de orden púbico (418 de 1997) sea modificada y facilite el desarrollo de la propuesta de la administración de Gustavo Petro de conseguir la “Paz total”. En el proyecto se ponen sobre la mesa varias medidas para que la paz sea una política de Estado.
Justicia social y trabajo. La pobreza monetaria afecta a 40,5 por ciento de la población: 20,9 millones viven con menos de $358.892 al mes. De este conjunto desfavorecido de connacionales, 6,3 millones subsisten en condiciones infrahumanas con menos de $176.762 al mes, esto es, 12,2 por ciento de la población vive en la indigencia y, en consecuencia, padece hambre. De ahí que un imponderable de la entrante administración recaiga en quebrar esta realidad de injusticia.
Si bien el índice de pobreza por ingresos cae de manera sostenida durante el período 1950-2018, pasando de afectar al 85 por ciento de la población al mínimo de 34,7, durante el gobierno saliente la pobreza aumentó hasta alcanzar un valor del índice igual a 40,5 por ciento en 2022 (gráfico 4).
El modelo de desarrollo vigente concentra la riqueza y el ingreso, además genera muy poco empleo formal y digno. Durante el periodo 1950-2022, la tasa de desempleo es creciente en Colombia (gráfico 5). Por tanto, el Estado carga desde la mitad del siglo XX con la responsabilidad y los gastos para capacitar, sostener y reproducir la fuerza de trabajo, de una parte, y de otra, subsidiar a la población pobre y excluida. A mediados del siglo XX el Estado asignaba el 10 por ciento del PGN a los programas de asistencialismo social y reproducción de la fuerza laboral, en el año 2022 aumentaron estos gastos hasta el 43,3 del PGN.
El país ve la necesidad de promover una reforma burocrática para eliminar cargos “que no sirven”, además de reducir los egresos improductivos y destinar esos recursos al gasto social. Una realidad que también implica girar la política social vigente, dispersa, ineficiente y poco progresiva, soportada en 20 subsidios de transferencia directa de ingresos dirigidos a los hogares más pobres (al considerar el total del gasto social, este se ejecuta a través de 65 programas). Diversos sectores proponen unir estos subsidios de transferencia directa de ingresos e integrarlos en una “Renta Básica” o “ingreso ciudadano” universal que llegue directo a las familias, eliminando los procesos, intermediaciones y burocracias a través de los cuales fluyen y que se prestan a la corrupción, al subsidio a los más ricos, al despilfarro, al corporativismo y al clientelismo.
Por tanto, algunos afirman que los objetivos puramente redistributivos que reflejan una insatisfacción con la situación inicial de la propiedad de la riqueza y la concentración de los ingresos deberían satisfacerse mediante transferencias monetarias y no mediante provisión de bienes y servicios, a fin de no distorsionar la asignación de los recursos. Este argumento resulta poco convincente si consideramos legítimo el deseo de una sociedad de interferir con el “patrón de consumo” que resultaría de las determinaciones del libre mercado. La sociedad debe adoptar la decisión política y económica de afectar conjuntamente la distribución del ingreso y el patrón de consumo.
La creación de empleo va de la mano del crecimiento económico sostenible. Para el 2018 la tasa de desempleo era del 9,8 por ciento, cuatro años después es del 11,3. Es así como en el país, de acuerdo con el Dane, hay 2,8 millones de desempleados, la proporción de ocupados informales es de 58,4 por ciento, y 2,9 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan.
La fuerte reactivación de la economía durante los años 2021 (el PIB creció en 10,6%) y 2022 (el Gobierno mantiene una meta de crecimiento del PIB para este año de 6,5 por ciento) no ha generado suficiente empleo, teniendo en cuenta que la tasa de desocupación se mantiene en 11,3 por ciento de la fuerza de trabajo. Durante la pandemia los empresarios racionalizaron los procesos de trabajo, introdujeron tecnologías intensivas en capital, por ende, sustitutivas de puestos de trabajo, incrementaron la tasa de explotación y ganaron en eficiencia y productividad. Los actuales avances tecnológicos han provocado un aumento de la demanda relativa de trabajadores cualificados y una disminución de la demanda relativa de trabajadores que llevan a cabo actividades ordinarias.
Para disminuir el desempleo significativamente es necesario que la tasa de crecimiento del PIB esté sobre el 5 por ciento anual. Colombia revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía para 2023 a un 2,2 por ciento, desde un objetivo previo de 3,2. Un reajuste atribuido por el Ministro de Hacienda a las menores expectativas de crecimiento económico, al impacto de la alta inflación, las dificultades fiscales del país y al amplio desbalance en las cuentas externas del país en materia de cuenta corriente de la balanza cambiaria. “Nosotros heredamos ahora una situación económica internacional mucho más adversa con estos cuatro problemas vivitos, es el reto que tenemos como Gobierno”, sostuvo en Ministro de Hacienda Ocampo.
Las sociedades exitosas registran niveles de ahorro cercanas al 40 por ciento del PIB; en Colombia es de apenas el 14 por ciento durante las últimas décadas, por lo cual su economía se encuentra en un estado de ahorro faltante. Obviamente, y sin ser una ley, en los países de crecimiento sostenido, la inversión se financia con el ahorro interno y la IED sin tener que recurrir al endeudamiento.
Ahorro, para nuevos énfasis en la inversión, que puede lograrse a partir de promover una restructuración del gasto mediante la renegociación de la deuda pública, haciendo más eficiente al Estado y reduciendo los gastos de funcionamiento, bajando drásticamente los gastos militares y de policía en la medida en que se reduzca el conflicto armado interno y se consolide una paz integral y total, reducción que debe apoyar el aumento del gasto social y la garantía de los derechos humanos, financiar las políticas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo e incrementar la inversión, la innovación, la diversificación y las exportaciones y el cambio en la matriz energética hacia tecnologías limpias y amigables con el ambiente.
Sostenibilidad y matriz energética. Colombia tiene una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo y, además, le permite la autosuficiencia energética (ver diagrama). De la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional, el 68,32 por ciento corresponde a generación hidráulica, el 30,7 a generación térmica (13,3% con Gas Natural, 7,8% con combustibles líquidos y 9,5% con carbón) y 0,98 a Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (eólica, solar, y biomasa). No obstante, la alta dependencia del recurso hídrico torna vulnerable el sistema eléctrico nacional ante escenarios de hidrología crítica, como ocurrió a principios de los años 1990.
El Ministerio de Comercio reveló que en el 2021 el 43 por ciento de las exportaciones del país provinieron de la minería. En particular, aunque no es potencia petrolera, Colombia vive principalmente de la renta de los hidrocarburos, que aportan el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto el petróleo representa el 40 por ciento del valor exportado al resto del mundo; en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) los ingresos petroleros contribuyen con el 10,2 por ciento del total en 2022. En 2022 la producción diaria es de 756.000 barriles de crudo. Una realidad tal que evidencia que no será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo.
Consciente de ello, el reto es avanzar con mayor celeridad, pero de manera planificada, hacia una seguridad y transición energética con fuentes diversas y limpias que estén en línea con las metas a las que se ha comprometido el país para el 2040 en materia de uso de energías limpias y descarbonizacion de su economía.
Es necesario, entonces, superar el estadio de la economía ambiental y dar el salto a la llamada economía ecológica para lograr justicia ambiental, y con ello una nueva manera de pensar las interrelaciones dinámicas entre el sistema económico y el conjunto total de los sistemas físico, biológico, social, político y cultural. Pensar en sistemas es inevitablemente complejo, por su misma índole es multidimensional, multidisciplinario e integrativo**.
Con este conjunto de realidades y retos, la inédita administración que tomó las riendas del país se enfrenta a un escenario con límites evidentes que obstaculizan la realización plena de sus propósitos, al tiempo que lo colocan ante un escenario de posibles transformaciones en diversidad de planos, que sin ser rupturas sí pueden significar confrontación con el régimen de acumulación hasta hoy dominante a nivel global. Su superación implicaría en el plano nacional factores de producción, mercado, consumo, cultura, tributación, redistribución de la renta nacional, así como de propiciar la participación decisiva de la sociedad en la planeación, administración de la cosa pública en todos sus planos, así como su evaluación y corrección periódica que significarían la desconcentración del poder presidencial, hasta ahora no planteados, sin desconocer el plano internacional y los mecanismos de acumulación, mercado y geopolítica que hoy lo determinan en el sistema mundo capitalista. ã
** Federico Aguilera; Vincent Alcántara, De la economía ambiental a la economía ecológica. Icaria: Fuhem, D. L. Barcelona, 1994, pp. 11-12 y 27.
*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo
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