Que el tema de la guerra y de la paz en Colombia es un asunto que trasciende los intereses nacionales, no es secreto ni novedad. Mientras en el Congreso las fuerzas políticas acompañan o colocan trabas al desarrollo normativo de los Acuerdos de paz, factores de geopolítica internacional, en especial concernientes con los intereses de los Estados Unidos, no dejan de estar ahí, para obstruir la paz o para facilitarla.
El documento A Roadmap for U.S. Engagement with Colombia (1), elaborado bajo la dirección de los congresistas Roy Blunt (Republicano) y Ben Cardin (Demócrata), fue entregado al presidente Juan Manuel Santos el pasado 17 de mayo de 2017 en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También estuvo presente y recibió igual informe el general H.R. McMaster, actual Consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump (2).
El Informe fue solicitado por distintas personalidades, tanto del sector privado como ligadas al Estado norteamericano, todas ellas conocedoras de la realidad colombiana, reunidos de manera extraordinaria el 8 de diciembre de 2016, pocos días después de la firma de los nuevos acuerdos de paz modificados a raíz de los resultados del plebiscito, y unos días antes del comienzo de la presidencia de Trump.
Esta cita es uno de los ejemplos del cúmulo de reuniones amplias e informadas realizadas, por lo general en los Estados Unidos o en la Unión Europea, con presencia de personas y organizaciones con intereses concretos en Colombia. La reunión del 8 de diciembre también permitió traslucir el altísimo nivel de importancia que conceden los ‘halcones’ y las ‘palomas’ a lo que pueda suceder o no con la paz en Colombia.
El encuentro de personalidades fue concebido para evaluar el momento y formular recomendaciones sobre la política y las acciones con relación a nuestro país, “después de casi veinte años de exitosa aplicación del Plan Colombia que han conducido las relaciones bilaterales a un “momento definitivo”.
No sin motivo los miembros del task force coincidieron en valorar al Plan Colombia como un ejemplo de impacto transformador de la diplomacia y la “ayuda” de las políticas bipartidistas en asuntos exteriores. Una de sus bondades principales –señalaron– consistió en que más del noventa por ciento de su costo fue asumido por los colombianos.
También coincidieron en que “no se trata de quedarse celebrando los laureles y las cualidades propias, sino de identificar las dimensiones que permitieron el éxito del Plan Colombia y aplicarlas, para cambiar las realidades que al día de hoy deben ser variadas”.
De acuerdo a sus propias palabras, el objetivo de la reunión fue el de “reiniciar una estrategia hecha a la medida para asegurar los intereses de los Estados Unidos, y el máximo retorno de las inversiones de los pagadores de impuestos norteamericanos”. Una manera elegante de denominar los intereses de la red corporativa.
En Washington, en mayo, el presidente Santos agradeció el documento y el interés en Colombia de parte de las personalidades presentes en la ceremonia de entrega del informe en cuestión. Recordó que actualmente, tanto EEUU como Colombia trabajan en proyectos de seguridad en la región, en Afganistan y en Africa; que los dos países votan en bloque el 80 por ciento de las decisiones en Naciones Unidas; que los dos países están preocupados por la situación en Venezuela; que Colombia está a punto de ingresar a la Ocde; que Colombia es el único país con status de socio global ante la Otan, y que nuestro país es ahora un mejor lugar para los negocios estadounidenses.
Y enfatizó: “El legado que quiero dejarle a mi país, además de un genuino esfuerzo por construir la paz, es también robustecer las relaciones con aliados estratégicos que apoyen la paz. Colombia está en un punto de inflexión, y no retrocederemos. Estamos mirando hacia el futuro. Con optimismo, con pasión.
“El posconflicto será difícil y costoso. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra.
“Ustedes saben también como yo que la paz ya nos ha dividido a muchos de nosotros. He perdido horas de sueño, y a muchos amigos por mi firme convicción de que la paz es el mejor negocio para los colombianos. Y cuánto más avanzamos, más convencido me encuentro de que esto fue lo correcto. Y fue el camino indicado, que fue necesario”.
En los pasillos del legislativo
Mientras esto sucedía en Washington, en Bogotá el Congreso de la república avanzaba a ritmo de fast track en la producción normativa que desarrolla los acuerdos de paz.
Ocho meses después de las declaraciones del presidente Santos, le preguntamos a Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá, a propósito del desarrollo normativo de esos acuerdos de paz que tanto llaman la atención en el norte de nuestro continente. Con seguridad y fluidez aclara: “[…] sumados decretos ordinarios, decretos con fuerza de ley, reformas constitucionales aprobadas, leyes estatutarias, y leyes ordinarias, me atrevería a decir que el ochenta y cinco por ciento de las normas requeridas para implementar los acuerdos ya están. Otra cosa es el cumplimiento de los acuerdos que debe tomar al menos diez años. En el Congreso Nacional fueron aprobadas once normas, cinco actos legislativos, es decir reformas a la Constitución Nacional y seis leyes (Ver recuadro).
El balance de Alirio, sin detenerse a considerar ni indicar en detalle el conjunto de recortes o cambios sufridos por las reformas acordadas por las partes en La Habana, también resalta que varios proyectos de distinta índole quedaron pendientes, entre ellos ocho normas que iniciaron trámite pero que no alcanzaron a ser aprobadas. Otras normas, enfatiza, no llegaron siquiera al Congreso. En el punto uno –el de tierras–, habían decidido con antelación que lo estructural, la Ley de tierras, no se tramitaría por la vía del fast track. No se concertó un proyecto en la Cesidi –el mecanismo de coordinación Gobierno-Farc. La ley estatutaria sobre jurisdicción agraria, tampoco llegó al Congreso.
Lo que sí presentaron fue la Ley del sistema de innovación agropecuaria, además de aprobada. Quedaron pendientes tres leyes ordinarias: Ley de adecuación de tierras; el Sistema nacional de catastro multipropósito, y adjudicación de baldíos en reserva forestal. Por Decreto Ley salieron el Fondo de Tierras y lo de los Pedec: los planes de desarrollo rural, lo de educación y electrificación rural.
En su análisis Alirio destaca las reformas constitucionales para la paz que fueron aprobadas: la que situó los recursos para la paz en el presupuesto nacional durante los próximos veinte años, incorporados a su vez en la Ley Orgánica de Presupuesto. Y la que dio seguridad jurídica a los acuerdos, que implica a los próximos tres gobiernos en su implementación, y ordenó no modificar las normas que los desarrollen.
No solo de buenas intensiones…
Al escucharlo, me pregunto por lo que sucederá con las normas que no llegaron y con las que se tramitaron en parte pero no alcanzaron a aprobarse. Alirio adivina mi inquietud y aclara: “La propuesta nuestra para la Presidencia de la República ahora es seleccionar los proyectos de ley que quedaron listos y presentarlos al Congreso con un mensaje de urgencia, una cláusula legal que permita darles prioridad en el orden del día y que permita a las comisiones correspondientes debatir de manera conjunta. De este modo podrían expedirse en sesiones extras en febrero y hacer entonces lo que quedó pendiente a nivel legislativo antes de junio, que es la fecha en la que termina la legislatura, que va del 20 de julio al 20 de junio. Con ello el nuevo gobierno recibiría la tarea legal completa, con el diez por ciento que quedó pendiente. Salvo la reforma política, hundida porque ingresamos al tiempo de campaña. Creo que junto con esta reforma hay que recuperar el excelente trabajo desarrollado por la Misión Electoral y hacer una buena reforma con otro Congreso y en otro gobierno, a partir de julio de 2018”.
En mi lectura de los acuerdos, las circunscripciones especiales para la paz tienen el valor de constituir pequeños pero significativos avances en una democratización largo tiempo pospuesta. Y mi interlocutor proyecta luz sobre un tema que devino confuso por lo sucedido en su votación: “Hay dos tesis. Una, la nuestra: que fueron aprobadas porque el quórum eran 99 senadores y no 102, debido a que tres estaban en la cárcel. Otra, que no fueron aprobadas. El Ministro del Interior interpuso una acción de cumplimiento y un juez administrativo ordenó que desde la presidencia del Senado remitieran la ley para sanción presidencial. Pero Rodrigo Lara –Cambio Radical– y Efraín Cepeda –Partido Conservador–, apelaron la decisión del juez. Hay que esperar la decisión en la jurisdicción: si confirma el fallo del juez, o si la revierte. Si la confirma, en todo caso estaremos abocados a una elección atípica. Bien sea en mayo con las presidenciales, o en una fecha elegida solamente para ese proceso electoral”.
Para cerrar el balance de los desarrollos legales de los Acuerdos de paz inquirimos por otras normas que nunca llegaron al Congreso para trámite. Y Alirio indica: “El punto dos contemplaba dos leyes importantes: la de acceso a medios de comunicación –una ley ordinaria; además de otra estatutaria que tampoco llegó: la ley de garantías de participación y protección de la protesta social. En este último tema fueron presentados dos proyectos: uno de la sociedad civil y otro del gobierno, sin acuerdo acuerdo para presentar un solo proyecto. En el punto tres había una ley sobre paramilitarismo, que contemplaba aumentar las penas. También quedó pendiente la Reforma de la ley de víctimas, así como la ley de procedimiento de la JEP. Una cosa es la reforma constitucional de la JEP, que fue aprobada; otra su ley estatutaria, que también fue aprobada; pero quedó pendiente la ley de procedimiento de la JEP, a cargo de los magistrados quienes deben presentarla al Congreso.
¿Y otros temas claves en que llegaron los proyectos, pero no fueron aprobadas las normas?, preguntamos, y el congresista concluyó: “un tema crucial: el acto legislativo de reforma política electoral. Quedó pendiente. Y la única vía para expedirlo será esperar al nuevo Congreso que comenzará a funcionar el 20 de julio de 2018. En el punto tres quedó pendiente una ley ordinaria sobre organizaciones criminales, su investigación, judicialización, y su sometimiento a la justicia.Y en el punto cuatro quedó pendiente una ley ordinaria sobre tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.
El incumplimiento en el compromiso de liberar los prisioneros de las Farc recluidos en diversas cárceles del país, evidencia el poder de sectores de la administración de justicia opuestos a estos Acuerdos. Un año después de su refrendación siguen tras barrotes, ¿cuántos quedan? “Según el gobierno 211. Y según las Farc, 600”.
La tempestad blanca
Un tema crucial para la paz es el relacionado con el punto cuatro de los acuerdos: solución al problema de drogas ilícitas. El Gobierno expidió el decreto 896 del 29 mayo de 2017 por medio del cual creó el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Consciente de lo decisivo que será este asunto en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y, sobretodo, en el tránsito a un Estado, economía y política no narcotizados, pregunto a mi contertulio por el escenario de los cultivos de coca y los acuerdos de paz. Y éste explicita: “Durante el año 2017 se erradicaron 52.571 hectáreas y se sustituyeron apenas 15.611. Las fumigaciones se mantienen suspendidas, pese a la presión del gobierno estadounidense por reactivarlas, sin contemplar lo ineficaces que han sido en la resolución del problema del consumo adictivo en su nación.
Las cifras de erradicación y sustitución revelan dónde ha estado el peso del tratamiento de una problemática muy compleja. En los Acuerdos de paz se privilegió el tratamiento socioeconómico y no el represivo sobre el campesinado que cultiva la hoja como modo de vida. Muy diferente a los empresarios del tráfico y del lavado de activos que logran captar el grueso de las utilidades de un negocio que se mantiene por efecto de la política prohibicionista y la altísima demanda existente en Estados Unidos y en Europa. Nuestra tarea ahora es hacer cumplir ese decreto que privilegia la sustitución”.
“Seguridad nacional”
Las palabras de Alirio me llevan a recordar que la guerra contra las drogas ha servido desde los años setenta para legitimar la intervención de los Estados Unidos en Colombia, y que finalizada la guerra con la organización armada existe un plan de acción para asegurar sus intereses en el marco de la divisa: American First. Un momento en el que los intereses económicos forman parte principal de su nueva estrategia de seguridad nacional, la que acentúa la fuerza por sobre la política y los acuerdos/consensos.
A propósito de lo conversado con Alirio Uribe pienso que la economía con enorme peso del narcotráfico detonó los vendavales de la violencia latente, incubada durante décadas de injusticias y humillaciones. Creo que esta violencia no terminará si no llega a su fin la política de la falsa prohibición hoy imperante en el mundo, y la política fracasada de la represión de los productores de hoja de coca.
Es necesario que hagamos el tránsito a una economía no narcotizada, paso que no podrá darse en solitario: es indispensable una iniciativa internacional que legalice la hoja de coca y también la cocaína, y que propicie que las personas sean informadas sobre sus muy diferentes efectos, pudiendo elegir si consumen o se abstienen. Sin legalizar, es imposible erosionar el poder colosal del narcotráfico, el mismo que está unido al tráfico de armas, petróleo y al flujo ilegal de capitales, y que afecta de modo involutivo la política.
Recuerdo ahora a los miles de jóvenes estadounidenses víctimas de la falsa guerra contra las drogas. Pasan las imágenes de nuestros territorios y comunidades indígenas y campesinas fumigadas con paraquat y glifosato durante cuarenta años. Y también pasa por mi mente un artículo publicado en Mother Jones el 4 de abril de 2013: Roy Blunt –uno de los dos parlamentarios responsables del ya citado informe sobre Colombia: “Roy Blunt es el hombre de la Monsanto en el Congreso” (3).
¿Qué viene en el complejo escenario de la paz?, preguntó para concluir la conversación, y mi contertulio aclara: “Tenemos el deber de lograr la paz completa con el Eln, sino en este gobierno, al menos en el próximo.
Nuestras vidas se han desarrollado desde hace décadas en una atmósfera de estigmatización y odio en la que hemos aprendido a resolver las diferencias con la violencia, y es necesario dar el paso a apreciar, o al menos respetar, a quien no crea en los mismos dioses, o tenga ideas políticas diferentes. Tenemos que salir de la barbarie de la matanza por ser diferentes.
Pero esta no es una transformación que pueda lograrse de un día para otro. Tomará tiempo gestar generaciones libres de esos encadenamientos y en esta tarea será primordial el trabajo cultural. El conocimiento de nuestro pasado. La creación de labores que nos reúnan en la construcción de un nuevo país. Perspectiva en la cual también es fundamental lograr el desmonte efectivo del paramilitarismo, desligando al Estado del uso ilegal de la violencia.
En este sentido creo que es necesaria la paz territorial. La paz hay que llevarla a los territorios. Y el mecanismo podrían ser los pactos territoriales suscitados en geografías identificadas con criterios técnicos. Que podrían ser por ejemplo los 172 municipios de las circunscripciones especiales de paz. O considerar otros criterios que nos permitan realizar los pactos de paz en las regiones que de modo más severo han sufrido los poderes armados y la ausencia de participación política.
Los Pedec responderán por las dimensiones socioeconómicas, pero es indispensable avanzar en los pactos territoriales que permitan el ingreso a la participación política libre de amenazas y atentados. Estos pactos exigirían convocar y reunir a los actores de todo tipo: legales e ilegales, individuales, colectivos, institucionales y no institucionales. Y ponerlos a hablar a todos para resolver el interrogante de cómo vivir en el mismo territorio sin ejercer la violencia de unos sobre otros. Podría denominar este proceso como la territorialización de la paz, el cual debería retomar las enseñanzas del modelo indígena de lo local y lo territorial.
Considero que la deuda social más grande es con los indígenas y con los campesinos. Entonces, la paz genuina y sostenible pasa por la creación colectiva de una forma de habitar la tierra que brinde la economía necesaria sin destruir las bases naturales de la vida. Hay que darle contenidos programáticos a la expresión de los Acuerdos de paz: una paz estable y duradera. Lo que da seguridad a una sociedad es que la gente viva bien.
Esto significa abandonar la idea de la seguridad encadenada a más armas, más vigilantes armados, y más cámaras. Y esto a su vez nos exige variar las doctrinas imperantes en la formación de las fuerzas armadas: las doctrinas del enemigo interior, del subversivo como aquel que piensa diferente.
2. El 8 de diciembre del 2016, dos semanas después de la firma de los nuevos acuerdos, con el auspicio de Atlantic Council, sesionó en el Capitolio estadounidense un encuentro en el que se reunieron como Fuerza de Tarea sobre la Paz y la Prosperidad en Colombia, veteranos hacedores de políticas y leyes, embajadores de Colombia en Estados Unidos y de este país en Colombia, líderes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, altos rangos militares, expertos en seguridad, analistas económicos y notables expertos en comunicación y opinión pública.
3. http://www.motherjones.com/food/2013/04/sen-roy-blunt-monsantos-man-washington/#
