Son muchas las expectativas de los movimientos socioambientales frente a espacios de negociaciones de acuerdos internacionales sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. No obstante, la posibilidad de América Latina de hospedar dos de las grandes conferencias de estos acuerdos (COP16 y COP29) para que lleguen decisiones justas y ambiciosas se ven diluidas por las posturas de las naciones ricas e industrializada por no asumir sus responsabilidades comunes pero diferenciadas frente a las crisis civilizatorias.
por Santiago Aldana Rivera*
En medio de diversas crisis sociopolíticas globales, Latinoamérica es sede durante este y el próximo año de importantes eventos globales clave para ajustar la tendencia al fracaso de las agendas que buscan enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad por parte de las naciones. Colombia acaba de adelantar la 16va Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) en Cali. En noviembre, Brasil fue sede de la reunión de los países que conforman el G20 y el próximo año en Belém do Pará se adelantará la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que abordará las posibilidades y aplicación del Acuerdo de París.
Estos eventos, después de realizarse en países ampliamente industrializados y grandes contaminadores sin muchos avances, se trasladan a Latinoamérica a discutir un tema clave en la implementación de ambas convenciones: el financiamiento. Con la aprobación del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal (Kmgbf, por sus siglas en inglés) y del libro de reglas del Acuerdo de París hace un par de COPs (con algunos ítems pendientes como los mercados de carbono), la pregunta de los países que hacen parte de la convención, especialmente los más afectados por los efectos adversos de ambas crisis, es ¿cómo financiar la implementación de estas agendas y con qué fuentes?
De esta manera, tanto en la COP16 de la CDB como en la COP29 en curso en Bakú, Azerbaiyán, aún al momento de escribir este artículo, el financiamiento se posicionó como la oportunidad para promover una convergencia de agendas para la acción. Desde la creación de las tres principales convenciones de las Naciones Unidas para enfrentar las crisis socioambientales, pocas veces se había logrado que estas dialogarán entre si y adquirieran relevancia en la opinión pública y en las decisiones estatales. No obstante, con la intensificación y frecuencia de los impactos derivados de la falta de acción, esta percepción ha cambiado ante las complejas interacciones entre los sistemas naturales y socioeconómicos.
Ante esto, diversos movimientos ciudadanos, ONGs, academia y centros de pensamiento celebraron la posibilidad de apostar por la convergencia de agendas como forma de catalizar decisiones conjuntas con un grado de consenso mayor para que los países pudieran sentarse a definir los flujos financieros necesarios y garantizar que estas agendas alcanzaran éxito en su ambición e implementación. Esto también buscaba reducir el desgaste de los Estados y observadores en recursos y capacidades de seguir agendas por separado y reivindicar pasadas decisiones que hoy consolidan falsas soluciones. Para ello, diversos insumos fueron preparados para orientar esta convergencia de agendas y lograr focalizar la acción en estratégicas que redujeran las desigualdades existentes y las raíces de las causas como son el manejo comunitario de bienes comunes (1)
Sin embargo, esto no fue así. Con la proliferación de violentos conflictos armados, la tensión entre economías industrializadas y los cambios profundos electorales a modelos conversadoresen gran parte del Globo Norte, la convergencia de agendas fue totalmente diluida durante la COP16. Esta COP tenía la gran responsabilidad de no solo recibir nuevos planes de acción que concretaran las metas propuestas en el Kmgbf, sino además establecer los mecanismos y las metas de financiamiento necesarias para alcanzar el objetivo de recaudar 20.000 millones de dólares anuales de países desarrollados para apoyar a otras naciones en su lucha contra la pérdida de biodiversidad (recursos que apenas ascienden actualmente a un poco más de 407 millones de dólares) (2).
Durante las negociaciones, en contravía de promover mayor ambición en las decisiones sobre financiamiento mediante la convergencia de agendas, lo que emergió fue una latente crisis diplomática multilateral que reflejaba la falta de voluntad de los países desarrollados para aportar los recursos que deben entregar por su responsabilidad histórica en relación con las crisis. Esto se manifestó en propuestas que buscaban contabilizar dos veces sus aportes, considerando que, por cada dólar invertido en la agenda de clima, este también se contabilizara en la agenda de biodiversidad, pero no como un monto adicional (3).
Esta discusión fue quizás el punto de quiebre de las negociaciones, que culminaron sin consenso ante la falta de quórum y decisión final. Esta doble contabilidad de recursos impidió la creación de un nuevo fondo con inéditos criterios de acceso, evitó que se duplicaran los recursos para las nuevas metas propuestas y dejó sin definir las fuentes de estos recursos.
Esta doble contabilidad no es una situación nueva. De acuerdo con el informe reciente de la OCDE, “Biodiversidad y financiación del desarrollo 2015-2022” (4) sobresale una tendencia preocupante: la doble contabilización está aumentando vertiginosamente. En 2022, el 92 por ciento de los fondos asignados a la biodiversidad también se contabilizaron para la acción climática, frente al 73 por ciento en 2018.
Este “estiramiento” de cada dólar invertido para contabilizarlo por partida doble demostró que los flujos destinados a la biodiversidad como objetivo principal disminuyeron un 17 por ciento entre 2015 y 2021, profundizando aún más la desfinanciación de esta agenda, que apenas recibe entre el 4 y el 7 por ciento de los Fondos Oficiales para el Desarrollo (FOD), mientras que la agenda climática recibe casi tres veces más de estos recursos .
A esta situación se suma que, si bien desde el 2015 se han incrementado los flujos, solo el 6 por ciento de los recursos que recibe biodiversidad a través de los FOD están destinados para pueblos indígenas y comunidades locales , lo que constituye un punto crítico para poder implementar el plan de trabajo aprobado en la COP16, celebrado como un gran avance en las negociaciones.
Ante la falta de acuerdos sobre financiamiento, la COP16 trasladó esta discusión a la COP29, la cual avanza con múltiples tensiones para definir una nueva meta de financiamiento climático (Ncqg, por sus siglas en inglés), unido con la poca participación de los jefes de las naciones y ministros de países industrializados. Esta discusión ha recordado que cerca del 80 por ciento del financiamiento climático hoy se queda en países desarrollados, lo que, contrario a lo que reafirma el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas adoptado en las convenciones, muestra cómo los países desarrollados siguen rehusándose a asumir su responsabilidad y reparar las pérdidas y daños causados.
Para diversos observadores, después de Cali, es preocupante que las decisiones en las COPs queden meramente reducidas a “llamar” o “alentar” a las partes por el lenguaje poco vinculante de estos verbos. Las decisiones en la COP16 fue un gran ejemplo de eso. También han expresado su preocupación con el fortalecimiento de mecanismos “innovadores” para hacer fluir flujos de recursos de parte de privados, sin claridades sobre su transparencia e impacto en las comunidades (5). Un ejemplo de ello es la resurrección de los bonos de biodiversidad y las decisiones aprobadas en el marco regulado del mercado de carbono en la COP29 (6). Existe el temor de que estos modelos consoliden falsas soluciones, a través de esquemas de compensación en los que los Estados pierdan control y soberanía.
De esta manera, no sorprende que la COP29 este repitiendo el patrón de indulgencia de responsabilidades compartidas pero diferenciadas de la COP16 e intensifique aún la disputa por financiamiento. Mientras los países en desarrollo piden 1.300 millones de dólares al año al 2035 para mitigación, adaptación y pérdidas y daños en el marco del Ncqg, los países desarrollados proponer poner sobre la mesa la meta de 300.000 millones de dólares (versus la anterior meta que era 100.00 millones de dólares anuales a 2020) (7). Esto llevó a que observadores y equipos de negociación de países del globo sur prefirieran no llegar a un acuerdo por encima de un mal acuerdo que implica aceptar esta meta. Países ricos se defienden afirmando que es mejor una meta realista a una hipotética, mientras bloquean otros acuerdos frente a la salida de combustibles fósiles, ventanas de financiamiento y compromisos en adaptación y mitigación (8).
Sociedad civil ha sido explicito que las metas de financiamiento deben además ser provistas y movilizadas desde los fondos públicos de cada uno de los países, con mecanismos que garanticen rendición de cuentas, transparencia y el cumplimiento de las metas (9). Al mismo tiempo, sin excluir la posibilidad de que los países, mediante sus propios mecanismos públicos, atraigan recursos privados para los países en desarrollo. No obstante, con metas de financiamiento para biodiversidad subestimadas y la incertidumbre sobre la nueva meta de financiamiento climático, es difícil consolidar estos marcos. Aún siguen desfinanciados fondos como el de pérdidas y daños climáticos y el avance de de identificar y reformar incentivos perjudiciales para la biodiversidad como son los subsidios a los combustibles fósiles es precario.
Ante esto, eran cruciales los acuerdo que llegara el G20. Como lo ha afirmado Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, es fundamental promover una reformar al sistema financiero global (10). Los países del globo sur están ahogados en la deuda, con los cambios políticos los recursos de cooperación se han reducido y las fuentes diversificadas, como la filantropía y la privada, no están llegando a las comunidades. Por el contrario, hay múltiples indicios de que estos afectan gravemente los derechos de estas comunidades. No obstante, se cerraron las negociaciones sin acuerdo sobre asuntos ambientales y dejaron las metas de financiamiento a la COP29 sin mucha expectativa de cambio (11).
De esta manera, aún es largo el camino que deben recorrer las Naciones Unidas para traducir los compromisos en acciones concretas y orientadas hacia la responsabilidad y reparación de los impactos causados. Esto es especialmente urgente en el caso de las economías desarrolladas, en las que debe ampliarse la base de contribuyentes con las nuevas economías desarrolladas (con países como China, Emiratos Árabes Unidos e India) junto con las históricas, cuyas acciones continúan socavando toda posibilidad de garantizar la seguridad climática y socioambiental.
La evidencia territorial y científica demuestra que estamos superando diversos puntos críticos de estabilidad ecológica, lo que dará pie a la intensificación de los conflictos entre países y profundizará las vulnerabilidades de las comunidades. En este contexto, la legitimidad de estos espacios dependerá, más que de lo escrito en papel, de la capacidad de implementar lo que las naciones han estado discutiendo por más de 30 años. Sin embargo, las esperanzas podrían desvanecerse frente al ascenso de líderes políticos con discursos negacionistas.
1. Fundación Heinrich Böll. (2024). Recomendaciones para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia. Recuperado de https://co.boell.org/es/2024/10/17/recomendaciones-para-la-actualizacion-del-plan-de-accion-de-biodiversidad-de-colombia
2. Torrado, S. (2024, noviembre 3). Qué supone la suspensión de la cumbre de biodiversidad de Cali: Lo que se logró y lo que quedó pendiente. EL PAÍS. Recuperado de https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-03/que-supone-la-suspension-de-la-cumbre-de-biodiversidad-de-cali-lo-que-se-logro-y-lo-que-quedo-pendiente.html.
3. WWF Colombia. (2024, noviembre). COP16 en Colombia: Balance general de WWF. Recuperado de https://www.wwf.org.co/?391890/COP16-Colombia-balance-general-WWF
4. OCDE. (2024). Biodiversity and development finance 2015-2022. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/biodiversity-and-development-finance-2015-2022_d26526ad-en.html
5. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2024). COP 16/L.1/Add.2. Recuperado de https://www.cbd.int/doc/c/7524/085d/d453b7ebc237757508ecfa3d/cop-16-l-01-add2-es.pdf
6. Carbon Brief. (2024). COP16: Key outcomes agreed at the UN biodiversity conference in Cali, Colombia. Recuperado de https://www.carbonbrief.org/https-www-carbonbrief-org-translations-cop16-key-outcomes-agreed-at-the-un-biodiversity-conference-in-cali-colombia/
7. ICPH. (2024). COP29 daily briefing: November 22, 2024. ICPH. https://icphub.org/api/api/files/1969
8. Porton,A (2024, 22 de noviembre). Cop 29: new draft text criticised as ‘totally unacceptable and inadequate’ – as it happened. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/live/2024/nov/22/cop-29-live-poor-countries-may-have-to-compromise-on-climate-funding-says-former-un-envoy?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-
9. Transforma Global (2024, noviembre). ¿Sabes qué aspectos se están negociando sobre la nueva meta de financiamiento climático y cuáles son sus desafíos? Recuperado de https://www.linkedin.com/posts/transformaglob_ncqg-lationoamaezricavulnerable-finaciamientoclimaertico-activity-7262944203595247616-OzBT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
10. Naciones Unidas. (2024, noviembre). COP16: Resultados clave de la conferencia sobre biodiversidad en Cali. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2024/11/1534366
11. France24. (2024, 19 de noviembre). G20 en Río: Sin grandes avances sobre el clima, pero con la idea de gravar efectivamente a los superricos. France24. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20241119-g20-en-r%C3%ADo-sin-grandes-avances-sobre-el-clima-pero-con-la-idea-de-gravar-efectivamente-a-los-superricos
* Actualmente administrador ambiental con énfasis en gerencia, derecho y ciencias. Coordinador de programas en la Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá, Colombia.
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