La inclusión del punto sobre drogas en el contexto de las negociaciones de paz en Colombia, tiene la fortuna de desarrollarse en un contexto de crisis del prohibicionismo, de escepticismo creciente frente a los éxitos del uso de la fuerza para resolver los problemas asociados a las drogas y de incrementos de los procesos de legitimación de medidas de regulación, hoy en día, alrededor del cannabis incluyendo sus usos no medicinales. En consecuencia, la posibilidad de un giro significativo en materia de políticas de drogas es, tal vez, una oportunidad que ofrece el punto sobre narcotráfico y paz en el proceso de negociaciones de La Habana.
No obstante, lo que podría ser una oportunidad puede resultar como una negociación de mínimos, tal y como se desprende de la propuesta divulgada por los delegados de las farc el pasado 14 de enero (1).
En efecto, allí se abordan contenidos básicos y parciales para una política de desarrollo alternativo en zonas de influencia de la insurgencia. Observemos algunos aspectos importantes de la iniciativa:
- La propuesta está dirigida a zonas de colonización, para economías campesinas en crisis y que dependen de los cultivos de coca. En consecuencia se inscribe, según los autores, en el marco de una política de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa.
- Puntualiza una relación de diferenciación radical frente a las posibilidades de establecer en estos territorios iniciativas de explotación minera o de extracción de recursos, argumentando como su opuesto, la soberanía y seguridad alimentaria de los proyectos que allí se implementen.
- Establece una estructura institucional de abajo hacia arriba distinguiendo comunidades campesinas, la insurgencia como sujeto activo y diferenciado del proceso y, de otro lado, el gobierno nacional. La presencia de entes municipales y departamentales hace parte de la definición de la estructura territorial. En este punto, no se definen criterios regionales de desarrollo sino que opera más un enfoque sustentado políticamente en las zonas de influencia tradicional de la insurgencia.
- Recoge una demanda clara y contundente de las comunidades que dependen de los cultivos de uso ilícito: cese de las aspersiones aéreas y la erradicación forzosa a cambio de un enfoque concertado de erradicación voluntaria.
- Señala la necesidad de desmilitarizar las zonas cocaleras, aspecto que de inmediato levantó reacciones airadas de los sectores más conservadores e incluso de los enemigos del proceso de paz; iniciativa que retoma una demanda histórica de las comunidades que habitan territorios colectivos.
- La iniciativa productiva se mueve en dos niveles: de un lado, desarrollo alternativo y, de otro, el reconocimiento de una producción lícita de hoja de coca, marihuana y amapola, tratada como el aporte en el nivel de la producción de una estrategia de regulación en donde se busquen mercados tanto nacionales como internacionales para esas sustancias, contexto en que el Estado debe ser un órgano rector y jugador central de ese proceso.
Finalmente, reconoce la necesidad de una veeduría internacional en cabeza de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Undoc), Unión de Naciones Sur Américas (Unasur) y expertos con trayectoria en el tema.
Hasta aquí una relación sucinta de los contenidos de la propuesta. Una mirada crítica de la iniciativa observará que las farc no van a jugar en temas gruesos sobre narcotráfico y conflicto armado, ni intenta proponerse una incidencia en contextos internacionales sobre políticas de drogas. No obstante, los dos aspectos no retomados en su propuesta, son fundamentales para soportar las particularidades más importantes de los contenidos de la iniciativa. Y en este marco, el protagonismo debería estar en cabeza del gobierno colombiano.
Observemos los retos en el gráfico argumenta la dimensión política de las iniciativas alrededor de los usos lícitos de la hoja de coca y el cannabis. De un lado, los alcances de las propuestas que reconocen usos lícitos de la hoja de coca son en este momento, limitadas. El actual mercado nacional de usos lícitos se satisface con 30 hectáreas de hoja de coca (cerca al 0.06% de la actual área total sembrada, calculada en 46.000 hectáreas), quedando por fuera un 99.94%.
Estas iniciativas pueden ser satisfechas por un puñado de entidades, a las cuales el gobierno nacional debería facilitar sus procesos productivos y de comercialización. De otro lado, las posibilidades de ampliación de estos mercados dependen de la estructuración de un gran programa de investigación que, de entrada, debería tener un perfil político estratégico. Veamos los principales elementos:
- En el mediano plazo, luego del repunte internacional de iniciativas de regulación del cannabis, la cocaína debería ser la sustancia que ocupe los principales escenarios del debate.
- Uno de los problemas que enfrenta esta posibilidad es la ausencia de investigación de base por un velo que rodea el conocimiento de la cocaína y sus derivados fumables, como el crack o el bazuco.
- Aquí se articularían procesos de investigación alrededor de la masticación de la hoja de coca, o eventuales producciones de alcaloides menos peligrosos a partir de la misma hoja, con los cuales se pudiesen tratar adictos a esas sustancias. Sin duda, el problema también se relaciona con el conocimiento de iniciativas de investigación que buscan crear el equivalente de la metadona para la cocaína o para sus derivados fumables, y con ello, facilitar las políticas de reducción de daños, con suministros de dosis de una sustancia que regule estados alterados de usuarios de crack, bazuco o cocaína fumables.
- Esta es una tarea inmediata que debería encabezar el gobierno nacional. Los resultados de las investigaciones sobre cocaína (mediciones sobre su peligrosidad real; rituales de orden social y cultural en su uso; comportamientos fisiológicos en el consumo problemático, etc.), así como sobre sus eventuales tratamientos alternativos; todo ese acumulado se torna en una masa crítica de alto poder para potenciar el debate internacional sobre manejos alternativos de regulación de la cocaína, que es hoy en día el principal problema en la economía ilegal de las drogas para Colombia, Perú y Bolivia, con un crecimiento importante de dinámicas de organización productiva, refinamiento y trasiego internacional. Estos resultados comprometerían al mismo tiempo países que presentan auges de uso (Dinamarca, Inglaterra, España, Italia, Europa del este) o países de tránsito que han buscado salidas a los efectos catastróficos colaterales en sus territorios, como México, Guatemala y Honduras, entre algunos de estos
- La discusión sobre los procesos de distribución de drogas en contextos de regulación es fundamental: ya existen aprendizajes de los países comprometidos en cambios significativos para el cannabis (Uruguay (ver pág. 13) y los 15 estados norteamericanos que implementan procesos de regulación para usos medicinales e incluso recreativos, como Colorado). El gobierno nacional debería comprometerse en el conocimiento y seguimiento de esas experiencias, a lo cual se sumaría el apoyo para el desarrollo de investigaciones sobre usos industriales y medicinales del cannabis.
Bajo estos escenarios, Colombia tendría instrumentos sustentados en investigaciones de base, evaluación de experiencias internacionales de distribución, con lo cual podría liderar un proceso que enfrente de manera distinta el problema de la cocaína. El criterio fundamental: ¿cómo romper la competitividad de las empresas de economías criminales? Incluso el general Naranjo reconoce que muy a pesar de los éxitos en la implementación de las acciones propias del modelo prohibicionista, la capacidad de recomposición de esas estructuras hace imposible ganar la guerra contra las drogas (2).
De otro lado, resultados exitosos que permitan la estructuración de propuestas de regulación de la cocaína incidirían sobre la producción de hoja de coca con lo cual habría un sustento legal, de organización del mercado, de distribución lícita internacional que podría, entonces sí, situar a esta planta como uno de los productos a incorporarse en las iniciativas de desarrollo alternativo.
Lo anterior, así como el conjunto de los acuerdos de La Habana, supone un aprestamiento institucional que garantice una construcción eficaz de la paz en múltiples niveles. En el ejercicio presentado, se observa que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería obrar como un soporte fundamental en la estructuración de una iniciativa estratégica en materia de drogas que vaya más allá de formatos irrelevantes, o de un perfil pasivo, como el jugado hasta ahora en esas materias.
También, como se puede apreciar, iniciativas como las que estructuran las farc en el marco de las negociaciones de La Habana tendrán poco juego y contundencia si del lado del Gobierno no aparece una voluntad de cambio institucional adecuado a las circunstancias que demanda la construcción de paz. En materia de drogas es indudable la necesidad de una reestructuración de entidades e instancias que operan en la inercia burocrática.
El ejercicio también muestra la diferencia entre pretensiones corporativas en el marco de los acuerdos de paz y contenidos de relevancia nacional. En este caso, los acuerdos sobre drogas deberían constituirse en un propósito nacional y no simplemente en el capítulo de renuncia de las farc a la prestación de servicios de seguridad en las fases iniciales de la economía criminal. Tal situación, junto con el diseño de programas de divulgación sobre la temática, incidirían en una opinión pública formada en el miedo a las drogas, contexto en el que se vehiculizan las medidas más retrógradas en el tratamiento del problema.
1 www.mesadeconversaciones.com.co
2 Véase Naranjo, Oscar. “Con el fantasma de Pablo Escobar”. El Tiempo. noviembre 16 de 2013.
por Ricardo Vargas M.*
*Sociólogo. Investigador Asociado del Transnacional Institute, TNI.
