La pérdida de los bosques y selvas, que albergan una enorme biodiversidad, requiere un cambio de gestión ambicioso otorgándoles a las comunidades locales el control de esos territorios. No es posible protegerlos sin sus saberes y participación.
De acuerdo con el más reciente informe sobre el estado de los bosques del mundo, publicado en 2024, en ellos se encuentra la mayor parte de la biodiversidad terrestre (80 por ciento de los anfibios, 75 por ciento de las aves y 68 por ciento de los mamíferos)**. Además, contribuyen a la seguridad alimentaria global y son el hábitat de pueblos y culturas milenarias, que se pierden a velocidades sorprendentes a medida que avanza la deforestación.
Entre los diferentes instrumentos para la conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales y el control de la deforestación, el manejo comunitario puede tener un papel destacado. Son potentes herramientas de control social sobre la gestión y gobernanza socioambiental de los territorios forestales, hoy sometidos a fuertes procesos de degradación y pérdida neta de sus recursos. Un ejemplo para ilustrar la participación local en ese esfuerzo son las concesiones forestales comunitarias en Colombia, en proceso de reglamentación.
En este país, entre los instrumentos de política más importantes desarrollados en los últimos años, están la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, así como el Plan Nacional de Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Ecosistemas. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, se produce un renovado esfuerzo por combatir la deforestación y pérdida de biodiversidad, a través de diversos instrumentos normativos y de política pública. El principal de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que orienta la acción estatal para el período 2022-2026, a través del cual se promueve la participación de las comunidades en la gobernanza forestal con base en la ordenación y el manejo sostenible de los bosques.
Más recientemente, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, finalizaron una consulta pública para reglamentar la figura de Concesiones Forestales Comunitarias, las mismas que fueron consideradas desde el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), cuya reglamentación fue derogada en 1993 al amparo de la Ley 99 que creó el Sistema Nacional Ambiental (Sina). Se apunta, de este modo, a que la participación comunitaria pueda ser un instrumento especialmente eficaz para contribuir a la conservación de la biodiversidad y el control a la deforestación.
Núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad
Adicionalmente, y como parte de estos esfuerzos gubernamentales, una de las iniciativas más prometedoras es la construcción colectiva del enfoque conceptual, metodológico y operativo de los llamados Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB), en el marco de una visión de desarrollo que reduzca la deforestación en la amazonía.
Estos núcleos son la respuesta a las áreas con los mayores índices históricos de deforestación, incorporando una visión transformadora de las economías y los motores de la deforestación, como la ganadería extensiva a potrero abierto, la minería, los cultivos de uso ilícito, la explotación ilegal de madera y acumulación de tierra en manos de capitales ilegales, entre los más importantes.
De esta manera, se busca avanzar de forma adecuada en la centralización y articulación de la acción estatal y de la cooperación internacional, lo que es especialmente importante. Se establecen objetivos comunes de intervención en los territorios, direccionando los esfuerzos de manera colaborativa entre los diversos actores públicos, comunitarios, privados y de la cooperación.
A la fecha, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha diseñado 28 núcleos de desarrollo forestal, de los cuales 22 están en la Amazonia. Se pueden discutir el alcance y sobre todo la delimitación cartográfica de los núcleos, como de hecho lo han demandado las comunidades locales para garantizar el respeto a la organización territorial (como los llamados núcleos veredales, para citar un ejemplo) y los procesos de gobernanza socioambiental imperantes en la región. En otros casos, se ha cuestionado que, en algunos sitios, en la delimitación no fueron consideradas áreas significativas de bosque que justamente sirvieran a la construcción colectiva de modelos de manejo forestal sostenible con las comunidades locales. Eso serviría para demostrar, en la práctica, que los bosques se pueden y se deben manejar de manera planificada y sostenible, ambiental y económicamente.
Como parte de todo el esfuerzo reseñado, los resultados parecen alentadores. Se pasaron de 174.103 hectáreas de bosque perdidas en 2021, a 123.517 ha. en 2022, y 79.256 ha. en 2023. Sin embargo, la situación está lejos de ser una tendencia estable, entre otros factores por la creciente influencia y renovado control territorial de las disidencias armadas surgidas luego de la firma de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc.
La presencia de tales grupos, por el contrario, ha estimulado la ocupación de nuevos territorios en el afán por ampliar su base social de cara a las actuales negociaciones en el marco de la llamada Paz Total. Así lo muestran las Alertas Tempranas de Deforestación generadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para el primer semestre de 2024.
Estas intervenciones de los grupos armados se superponen y socavan las tradicionales estructuras de gobernanza socioterritorial existentes por décadas en vastas regiones de la amazonia, generando tensiones e impidiendo la continuación de las iniciativas de control a la deforestación, y de paz con la naturaleza, impulsados por el gobierno con el apoyo de las comunidades locales y sus organizaciones de base. Como resultado, hoy gran parte del territorio es inaccesible para las instituciones públicas nacionales o regionales y mucho más para los diferentes proyectos de la cooperación internacional, alineados con el enfoque de trabajo estimulado por el gobierno.
Es deseable que los procesos de negociación consigan realmente avanzar en el corto plazo en el desescalamiento del conflicto en los territorios y la construcción de una paz estable y duradera que incluya el respeto a las comunidades locales y sus procesos de paz con la naturaleza.
Concesiones Forestales Comunitarias
La nueva figura en ciernes, de creación o reconocimiento de Concesiones Forestales Comunitarias (CFC), ha mostrado ser exitosa en diversas partes del mundo. Eso ocurrió particularmente en Guatemala, en donde las tasas de deforestación se han reducido considerablemente a partir de la implementación de ese modelo de gestión de los bosques. Representa una poderosa apuesta que se basa en el fortalecimiento del control social de las comunidades locales y sus organizaciones sobre los territorios forestales, aprovechando el conocimiento y los saberes locales, que se deben acompañar de la formalización de la propiedad sobre la tierra, la otra piedra angular en la búsqueda de conservar los bosques y la enorme biodiversidad que albergan.
Es una apuesta gubernamental que requiere un enfoque ambicioso, otorgando a las comunidades el control territorial sobre extensas áreas estratégicas, de manera que sean las propias comunidades locales y sus organizaciones las que impidan las intrusiones antrópicas sobre tales áreas. Dicho nivel de ambición, en términos del tamaño de las concesiones, permitirá que no se confundan las CFC con los tradicionales mecanismos de permisos de aprovechamiento tipo asociación, que las comunidades vienen utilizando en sus solicitudes de manejo forestal sostenible comunitario sobre pequeños polígonos de bosque. Por supuesto que esa decisión debe estar acompañada del fortalecimiento en las capacidades técnicas y organizacionales de las comunidades a través de las Juntas de Acción Comunal o las Asociaciones de Juntas.
De otra parte, un esfuerzo adicional debería enfocase en la simplificación de los trámites ante las autoridades ambientales regionales, responsables del otorgamiento de las concesiones o permisos de aprovechamiento. Esos requisitos hoy pueden tardar dos o más años, y los costos asociados al trámite hacen que se vuelvan barreras de acceso para que las comunidades rurales puedan acceder a esos mecanismos y a la sostenibilidad económica de los aprovechamientos. Se desestimula el afianzamiento de un modelo exitoso y sostenible de relacionamiento con el entorno para las comunidades que viven en o alrededor de los bosques.
Finalmente, el enfoque de una economía regional basada en el uso sostenible de los bosques requiere la puesta en operación de un sistema nacional de extensión forestal que preste asistencia técnica y acompañamiento. Eso está previsto en la estrategia colombiana, para que, una vez más, sean las propias comunidades locales los principales actores y beneficiarios de la conservación.
En definitiva, no es posible conservar los bosques y la megabiodiversidad que contienen si no es con la decidida participación de las comunidades locales y sus saberes. ν
** El estado de los bosques del mundo 2024. Innovaciones en el sector forestal para lograr un futuro más sostenible. FAO, Roma, 2024.
*Antropólogo, ExSecretario General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica -Otca.
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