Tras dos años de labor del actual gobierno, rondan preguntas entre amplios segmentos de la sociedad por lo que podrá realizar a plenitud en los cerca de 20 meses que aún le quedan de mandato.
No se trata de una inquietud menor, toda vez que del tamaño y el tipo de realizaciones que concrete, como cumplimiento efectivo de sus promesas de campaña y su plan de gobierno, depende en buena medida su pretensión electoral de prolongar el mandato del progresismo en nuestro país.
En ese sentido, múltiples fueron las promesas que despertaron expectativa en un amplio porcentaje de quienes concurrieron a las urnas en 2022 y que votaron por Gustavo Petro, y entre todas ellas la oferta de Paz Total se constituyó en referente fundamental.
No fue casual que así fuera. Es un común denominador el deseo de vivir en tranquilidad, en el campo sin los temores que derivan del tránsito o estadía de actores armados, por posible campos minados, o los generados por tener que pagar vacuna o estar ante la mirada interrogante de quien te supone informante de sus contrarios.
En las ciudades, los anhelos no son muy diferentes, el temor a las fronteras invisibles, a no poder pagar la vacuna bajo el supuesto de garantía de seguridad, a saberse “entre ojos” por incumplir con el “gota a gota”, o la preocupación por los hijos y el consumo de psicoactivos, así como la realidad del desplazamiento intraurbano, son perlas de una realidad de violencia aciaga, motivo suficiente para anhelar la tan esquiva sociedad en paz.
Es un deseo o sueño generalizado que recogió el actual mandatario en una potente aunque pretenciosa oferta: Paz Total. Hasta ahora, ningún partido ni gobernante había ido más allá de la oferta de paz negociada con una u otra organización guerrillera; cuando más, como sucedió con un gobierno de ingrata recordación, se privilegió para tal propósito el diálogo con estructuras paramilitares, en un claro intento por sanear jurídicamente a comandantes y tropa, así como ‘santificar’ esa cruel vivencia que conjuga Estado y estructuras armadas ilegales.
Pero ni siquiera esa experiencia buscó incluir en los diálogos y su restringida “ambición” de paz a las bandas con asiento urbano, todas ellas sin más propósito de ser y existir que los negocios espurios de diverso tipo y rentabilidad, como el narcotráfico y el contrabando, ilegalidad casi legal por el reconocimiento y legitimidad que alcanza en gran parte del tejido social, en un país donde el contrabando vive y persiste desde la Colonia. El narcotráfico, como otro producto más para contrabandear, anidó desde los años 70 del siglo XX y los negocios fraudulentos, resguardados con la amenaza del sicario, insuflan las cuentas bancarias de afamadas familias con poder político y económico regional.
Se trata de un empeño nada simple ni sencillo de ser concretado. La instalación de las Mesas para negociar con una u otra organización alzada en armas con propósitos políticos, y con las estructuras que hacen de las armas la herramienta para materializar sus propósitos económicos, podríamos decir, sería lo más sencillo por realizar. El cuello de botella está en los factores estructurales por transformar en todos los planos estatales y de la sociedad, y de ahí la importancia de los proyectos de reforma presentados por el gobierno al Congreso, pocos de ellos radicados con suficiente y pedagógica difusión pública, como soporte de un futuro en paz –el más evidente, la reforma agraria–, y sí como vía para reducir la desigualdad social y garantizar derechos sociales. ¿Por qué esa separación de propósitos? ¿Olvido o asunto de énfasis? ¿Por qué no difundir, una y otra vez, cientos de miles de veces, que sin justicia social el país no alcanzará a concretar el anhelo de paz, y mucho menos si es total?
Un propósito, el de la Paz Total, restringido en su inicial diseño una vez que la Corte Constitucional falló sobre la Ley 2272 de 2022, limitando algunas potestades otorgadas en la misma al jefe de Estado, y explicitando el norte por seguir con las organizaciones armadas de índole política, con las cuales podrán desarrollarse diálogos de paz, y cómo proceder con las estructuras armadas organizadas de alto impacto (Eaocai), con las que todo diálogo tendría como fin el sometimiento a la justicia.
Bajo la brújula de la original Ley 2272, tomó cuerpo la primera Mesa de negociación el 21 de noviembre de 2022, precisamente con el ELN, guerrilla que enfatiza, como queda testimonio de ello en los diálogos sostenidos con diversidad de gobiernos, en la necesidad de cambios estructurales, además de realzar que las reformas por concretar y la manera de hacerlas realidad dependen de la participación de la sociedad civil. Según su modo de comprender la paz y adelantar las negociaciones, no dialogan de espaldas ni a nombre de la sociedad sino de frente y como conducto, en el caso de las transformaciones por operativizar, para que la sociedad indique qué, cómo, cuándo, dónde hacerlas realidad. Enfatizan así en que la negociación no es para alcanzar prebendas para ellos sino cambios sociales que beneficien al pueblo.
Desde noviembre de 2022 y hasta hoy, cuando la Mesa pasó al congelador, las partes realizaron seis ciclos de diálogo y avanzaron en varios acuerdos: cese al fuego, que tuvo vigencia alrededor de un año; participación de la sociedad civil en el proceso de paz (primer punto de la agenda de negociación pactada en México, con discusión sobre cuatro grandes ejes de transformaciones por abordar: régimen político, modelo económico, política ambiental, y educación y cultura), creación de un observatorio sobre las formas de paramilitarismo. Asimismo, se acordó conformar ocho zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa de diálogos para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de esos lugares.
Mientras se avanzaba con esta Mesa, el 17 de octubre de 2023 se instalaba otra con el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), cuyo primer logro fue el cese al fuego bilateral por tres meses, prorrogado y efectivo hasta la mitad de 2024. Se desarrollaron cuatro ciclos de diálogo y, en vísperas del quinto, los alzados en armas, reunidos bajo el paraguas del EMC, que hasta entonces aparecían como estructura uniforme, eclosionó, quedando por fuera de lo acordado las unidades bajo el mando de Iván Lozada, alias Iván Mordisco. Los ataques de esas fuerzas sobre la guardia indígena y el pueblo nasa, con varios asesinatos y heridos, y la reiteración de aquellos de no renunciar a esos procederes, motivó la ruptura del cese al fuego y su exclusión de la Mesa.
En los cuatro ciclos adelantados se alcanzaron varios logros, entre ellos: participación de la sociedad civil en la discusión de las transformaciones por ejecutar como condición previa para el avance efectivo de los diálogos en curso. Como parte de ello, revisión de los acuerdos firmados y pendientes de concreción, asumidos con comunidades tras diversidad de protestas; agenda socioambiental, economía ilícita, tierras y territorio, y otros ítems que también quedaron incluidos en la agenda por adelantar.
Dividido el EMC, la agenda pierde impacto, aunque no todo su potencial. Los bloques guerrilleros que acataron el cese al fuego y que prosiguieron el diálogo participaron del quinto ciclo de negociación, adelantado entre el 12 y el 16 de julio, y en el cual fue prorrogado el cese al fuego hasta el 15 de octubre, además de evaluar el cumplimiento de los acuerdos parciales, alcanzados en los anteriores ciclos, entre ellos los diálogos territoriales. El ciclo permitió definir 10 ejes temáticos alrededor de los cuales seguirá la negociación: transformaciones territoriales y acuerdos de aplicación inmediata, tierras y territorio, paz ambiental; asuntos económicos, laborales y sociales; asuntos políticos, corrupción y cultura de paz; derechos de todas las poblaciones vulnerables y de especial protección; modelos de justicia y derechos de las víctimas; conflictos, seguridad y armas; garantías posacuerdo de paz y, por último, marcos normativos y relaciones internacionales.
Una agenda amplia y ambiciosa que abre el interrogante, asociado a la realidad de los conflictos que sobre el terreno afrontan los frentes partícipes de esta negociación, en especial la confrontación con sus antiguos compañeros del actual EMC, además de las limitaciones financieras y, en reformas por sacar adelante en el Congreso de la República y que brinden de confianza a los alzados en armas con el real cumplimiento de lo firmado, y de cara al 6 de agosto de 2026, ¿hasta dónde avanzará la negociación? Conociendo el desenlace del acuerdo Santos-Farc en 2016, con el persistente asesinato de combatientes desmovilizados, ¿hasta dónde y con qué tipo de prerrequisitos están dispuestos a avanzar los aún alzados en armas? Y, como conclusión de todo ello, ¿qué resultados de esta Mesa le podrá mostrar al país el actual gobierno al final de su mandato?
Hay que resaltar que este proceso de diálogo, además de quedar muy afectado por la división de quienes constituían una sola estructura en el EMC, también afronta una crisis al ser detenida una caravana de carros entregada a los guerrilleros para que sus voceros se movilizaran con protección, blindados con el correspondiente levantamiento de las órdenes de captura que sobre ellos pudiera existir. Al realizar la inspección de los vehículos, en ellos iban algunos que no gozaban de esa inmunidad, portando armas para su protección. La superación de este impase enfrío la Mesa por varias semanas.
Con los antecedentes vistos de las Mesas, tomó cuerpo la tercera, con la Nueva Marquetalia. La agenda por abordar, definida en el primer ciclo adelantado en Venezuela entre los días 24 a 29 de junio de 2024, dejó como principales compromisos: cese unilateral de fuego por los alzados en armas, desescalamiento territorial, integral y gradual, del conflicto; reunión entre las partes con las comunidades de Tumaco para presentar el acuerdo alcanzado y definir la metodología y el cronograma para la identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido, por efectuarse en julio pero realizada los días 21 y 22 de septiembre; georreferenciación de municipios, corregimientos y veredas donde la Segunda Marquetalia haga presencia, como mecanismo para que sobre ellas no ataquen las fuerzas estatales; realización de nuevo ciclo de negociación durante la tercera semana de octubre para precisar en sus detalles la agenda oficial de los diálogos en curso, entre otros aspectos.
En paralelo a estas Mesas, toman cuerpo las correspondientes con procesos que implican bandas urbanas, la de Buenaventura con Espartanos y Shottas, y la de Quibdó con Mexicanos, Locos Yam y RPS, los únicos que han logrado alguna continuidad. En Medellín y Cali no han trascendido los contactos con varias de ellas.
En Buenaventura el proceso se abrió en julio de 2023, y un mes después en Quibdó, donde lo acordado implica no extorsionar y dejar las economías ilícitas. Allí, el proceso es más amplio, toda vez que, además de los dos aspectos anteriores, también implica eliminar las fronteras invisibles, disminuir los hurtos y adelantar una tregua interbandas, para crear un ambiente de credibilidad entre los pobladores. En el puerto, si bien la confrontación entre las dos bandas cayó en intensidad, no ocurrió lo mismo con las extorsiones y hurtos, realidad que llevó a Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad, en queja profunda, a decir: “Les pido el favor, en nombre de Dios, cesen la extorsión, nos están matando a todos con la extorsión” (1), reclamo que recuerda que, mientras no se concreten cambios económicos y sociales, estos procesos no trascenderán hasta su desaparición.
En Quibdó, las extorsiones del comercio menor y medio algo han caído, pero no dejan de afectar a amplios sectores sociales. La economía ilegal no desaparece; por ejemplo, el microtráfico de estupefacientes persiste. Ante esa realidad, los estímulos económicos y en educación ofrecidos por el Presidente, “Pagar por no matar”, no van más allá de la epidermis del cuerpo que potencia la violencia organizada en bandas (2), oferta que no cubre la inversión pública y las transformaciones de amplio espectro que reclaman las dos ciudades, y por lo cual cayó en desgaste la delegación del Gobierno a cargo del proceso sociojurídico en Buenaventura. Una vez más, aquí se evidencia que, sin transformaciones reales, el proceso en marcha no estabilizará.
En medio del desarrollo de este amplio, ambicioso y complejo tinglado de Mesas, con ritmos, matices y posibilidades dispares, realzando su capacidad de control territorial y social por medio de paros armados, habló una y otra vez el Clan del Golfo en demanda de su correspondiente Mesa.
Escuchados en la primera semana de agosto pasado, reconocidos como actores sin ideales políticos y sí con ambiciones económicas, la oferta oficial, amparada en la modulación que la Corte Constitucional realizó de la Ley 2272, no va más allá del sometimiento a la justicia, en un espacio de conversación sociojurídica. Tal oferta permite ver una amplia brecha valorativa entre las dos partes, pues, para quienes se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia, ellos sí tienen pretensiones políticas, y por eso actúan bajo mando centralizado. Según su máximo jefe, Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, “no existe ninguna posibilidad de que se acepte una Ley de Sometimiento” (3).
En todo caso, navegando entre la normatividad judicial, las consultas políticas con diversidad de actores y poderes, nacionales e internacionales, el Gobierno busca pasar su propuesta de Paz Total por la cuerda floja del realismo político, el mismo que no permite olvidar que el Clan del Golfo procede de las viejas estructuras paramilitares que legalizó Uribe. Por tanto, develar los hilos que aún las mantienen unidas a las Fuerzas Armadas será clave para definir el modus operandi final que enrute este proceso de conversaciones, un devenir en el cual Estados Unidos sostiene el fiel de la balanza, toda vez que en su “lucha contra el narcotráfico” ofrecen una alta suma de dinero por la cabeza del Clan, con propósitos de extradición.
En esa misma semana de agosto, el Gobierno dio su visto bueno a la conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, estructura armada también de origen paramilitar y motivaciones económicas, tramitadas vía narcotráfico, vacunas y extorsión. Los dilemas y dificultades que enfrenta este proceso son idénticas a las del Clan y, por tanto, el ritmo que gane una podría extenderse a la otra, siempre y cuando el Gobierno logre dotarse del marco normativo que subyace a los diálogos sociojurídicos.
El dilema entre el deseo y la realidad se destaca en estos dos procesos. ¿Qué oferta oficial podría motivar e inclinar la balanza para que quienes determinan el devenir de estos armados opten por la entrega de los fusiles y someterse a la justicia? La experiencia vivida por los jefes de la AUC será significativa en ello, como también la movilización y las presiones que puedan levantar las miles de familias víctimas de su operar violento, así como del movimiento de los Derechos Humanos, que sabe bien lo que son y representan, tanto el Clan del Golfo como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Tenemos así un embrollado propósito de Paz Total, del que poco se podrá esperar en resultados concretos para el 6 de agosto de 2026, magro resultado que, de ser así, pesará de manera sustancial en la elección del sucesor de Petro, toda vez que en la campaña electoral se denunciará una y otra vez el incremento de la inseguridad en el país, como consecuencia de las dádivas entregadas al conjunto de actores armados en proceso de negociación política o conversación sociojurídica.
Esa es la realidad. Tal vez por ello el Gobierno opta por abrir procesos de negociación con actores de menor y limitada escala, como Comuneros del Sur, depositando en ellos la esperanza de mostrar un resultado concreto a la hora de los balances previos a la entrega de la Casa de Nariño. Un diálogo de paz regional, con desmovilización de los alzados en armas, ¡un éxito! ¡La Paz Total vive!
Esa podría ser la tonalidad escuchada. Pero para ser más visionarios y trascender los lugares comunes, para romper con los esquemas y las vivencias conocidas, positivas o negativas, se debería optar por otra vía, así no arroje resultados concretos en el corto o el mediano plazo: abrir procesos de paz territorial, en los que se viva la paz concreta, con actores armados pero no limitados a esa característica, en los cuales se pongan en marcha vivencias de gobierno propio por medio de proyectos agrarios, industriales, ambientales, de reorganización espacio-territorial, de ciencia y tecnología, educativos, de salud, político-deliberativos en democracia viva, inyectados con capital semilla de miles de millones de pesos, suma de los subsidios que en diferentes planos entrega el Gobierno cada mes o cada trimestre a variados sujetos sociales, dinero público ahora no entregado persona a persona ni familia a familia sino integrado a una bolsa común de iniciativas por materializar allí donde se abra una de estas experiencias, dinero para invertir y no para consumir, motor para superar las necesidades comunes que eventualmente se manifiestan en protestas, paros, bloqueos. Dejamos así el Estado rentista que cada día se hincha más, para iniciar su reducción hasta tornarlo innecesario.
Un proceso real de cambio y paz para que la comunidad viva directamente lo que es ser gobierno y ser poder, comprendiendo lo innecesario de las armas y lo vital de la convivencia y la creatividad colectiva. Un país en transición energética, con nuevos modelos de movilidad colectiva, con circuitos de producción limpia y consumo sin derroche, con preeminencia de lo común, puede tomar forma concreta en una y otra vereda, en un corregimiento o municipio. Se trata, como puede deducirse, de una experiencia de paz en movimiento en la que la propia comunidad diseña su modelo de vida y convivencia, partiendo de la formalidad institucional y legal existente, pero sin limitarse a ella, con posibilidad de materializar nuevas formas legales de autorregulación para regir y proyectar una sociedad en paz, construida con el esfuerzo, la experiencia y los sueños colectivos.
Es aquella una vivencia para resolver entre el conjunto de quienes conforman una comunidad dada –municipio, por ejemplo– los motivos que llevaron a algunos de sus miembros a levantarse en armas. Resolución y superación de una situación dada que el Estado no pudo tramitar en décadas de intenso conflicto que divide y desangra a nuestra sociedad.
Ante tal incapacidad, debemos proceder desde otro ángulo, con la convicción de que un nuevo país surgirá de vivir en paz, la cual resultará de cambios estructurales en todos los planos. Avanzar para ello en proceso abierto, deliberativo, operando democracia directa y radical, llegando por consenso a la desmovilización y la entrega de esas armas a una institución internacional por definir, al tiempo que resolver con las manos y la imaginación de todos las necesidades colectivas y particulares que les acosan, para materializar de este modo la comprensión que el actual gobierno tiene de la Paz Total: “[…] Una política de Estado que garantizará los derechos fundamentales de la gente […], en donde la Seguridad Humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales” (4). ν
2. Personero de Buenaventura sobre los incentivos de Gobierno a bandas criminales: “Ser pillo paga https://caracol.com.co/2023/07/11/personero-de-buenaventura-sobre-los-incentivos-de-gobierno-a-bandas-criminales-ser-pillo-paga/.
3. “¿Negociación o sometimiento? “La incertidumbre en el proceso con el Clan del Golfo”, El Espectador.
4. Ley 418/22 de Paz Total, https://www.mininterior.gov.co/noticias/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/#:~:text=La%20Ley%20de%20la%20Paz%20Total%2C%20es%20el%20nuevo%20contrato,pol%C3%ADticas%20sociales%2C%20medioambientales%2C%20econ%C3%B3micas%20y.
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